Hace unos días conmemorábamos
el 39 aniversario de la Constitución de 1978, texto que en muchos de sus
preceptos es hoy letra muerta. Como en el tema de las pensiones. Nuestra Carta
Magna, en sus artículos 41 y 50, garantiza, respectivamente, el mantenimiento
por el Estado del sistema de la Seguridad Social y el régimen de pensiones. En
relación a éstas, para entender el debate abierto respecto de su viabilidad
futura, lo primero que hay que aclarar es que el Pacto de Toledo estableció que
las pensiones contributivas serían sostenidas mediante las cotizaciones
sociales. Es claro colegir que, en ese caso, llegado un momento de crisis, la
financiación de estas últimas se resentiría. Pese a ello, las agoreras
previsiones que hablan de lo insostenible del modelo actual no tienen
fundamento. Veamos.
El gasto en
pensiones en 2017 fue un 3% más que en 2016, pero, según Eurostat, en
relación al PIB en España, que fue de un 11,4% en 2012, había bajado al 10,4%
en 2016, por debajo de trece países de la UE15. Sin embargo, no es menos cierto
que la financiación del sistema se enfrenta a graves problemas difíciles de
afrontar sin una reforma profunda, sobre todo de los ingresos. Según Expansión,
el gasto en pensiones ha ido incrementándose
exponencialmente desde los 98.011 millones de euros en 2008, hasta los 135.448
millones en 2016. Pero también hay que decir que las reformas laborales del
PSOE, en 2011, y del PP, en 2013, han ido mermando, en periodo de crisis, la
recaudación del Estado, pues el empleo precario y los bajos
salarios han hecho descender el montante de las cotizaciones. Por ello, para
pagar las prestaciones de las y los pensionistas el Gobierno ha recurrido al
Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones). Además, cuando nadie compraba
deuda española, esa hucha de esas pensiones supuestamente insostenibles acudió
en auxilio del Estado. En seis años de mandato el Gobierno de Rajoy la ha
vaciado prácticamente: después de las últimas extracciones apenas quedan 8.000
millones de los 66.000 millones iniciales; el dinero necesario para una sola
paga extra más. Después, habrá que recurrir a pagar pensiones con la emisión de
deuda pública.
El Gobierno responsable
de tal situación, para meter aún más miedo, nos repite una y otra vez que el
modelo actual es insostenible. Lo que es una mentira evidente: la cuantía media
de las pensiones, que en 2013 era de 1.041 euros, hoy es de 1.062. Además, hay
otros hechos objetivos que los detractores del sistema público no tienen en
cuenta. Así, cuando se relaciona el problema de las pensiones con la baja
natalidad se omite que España no tiene un problema de jóvenes dispuestos a
trabajar y sostener el sistema; el problema es que tienen que emigrar fuera de
nuestras fronteras. Además, a la altura de 2050, el baby boom de los
años 70 y 80 será ya historia pasada, y se notarán los efectos de la actual
transición demográfica, de baja natalidad, que conducirá a menos personas
perceptoras de pensiones. Tampoco se tiene en cuenta el previsible incremento
de la productividad.
En ese contexto, el atraco directo a las
pensiones del futuro tiene también que ver con algo que se fijó en la reforma
de éstas en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre 2013: el llamado factor de
sostenibilidad. Dado que, como es sabido, la esperanza de vida tiende a
aumentar, a partir de 2019 los derechos cotizados durante la etapa activa de
los jubilados deberán repartirse durante un número mayor de años. Según algunos expertos, será necesario esperar
a la evolución definitiva de la esperanza de vida en 2019, pero se estima que
en el primer año de aplicación, esta variable supondría un descuento en la
pensión del 0,47%. Eso significa que un pensionista que se jubilara en 2018 y
cobrara una pensión de 1.000 euros pasaría a cobrar 995,3 euros si lo hiciera
en 2019.
Está claro que el Sistema
Público de Pensiones español necesita de una reforma que lo mejore a nivel de
sostenibilidad presente y futura, para garantizar el derecho de todas y todos a
unas prestaciones dignas, en el contexto actual de un sistema de reparto. Pero
fuertes intereses privados presionan en sentido contrario, desacreditando ese
sistema y pretendiendo garantizar sus cuotas de negocio con los planes privados
de pensiones, tratando de convencernos de la bondad de un sistema mixto o de
capitalización que, por lo que sabemos, no ha funcionado en los países en que
se ha implantado.
Ante esto nos podemos
legítimamente plantear las siguientes cuestiones: 1. ¿Por qué no se aborda el tema de la recaudación mediante una
política fiscal más redistributiva?. 2.
¿Por qué no se lucha contra el fraude y la evasión fiscal? 3. ¿Por qué no se eliminan los privilegios de los impuestos al
Patrimonio? Porque, si el Estado ha usado la hucha de las pensiones para
financiar otras actividades, ¿no es justo pedirle al Estado que financie ahora,
vía impositiva, el déficit de la Seguridad Social?
El pasado miércoles
tuvieron lugar en toda España concentraciones por la defensa del sistema
público de pensiones y del gasto social (también en Murcia, ante San Esteban).
Estoy totalmente de acuerdo con la tabla reivindicativa que se defendió en las
mismas, a saber:
1. Mantenimiento del actual sistema de reparto,
con la inclusión de las pensiones en los PGE para hacer frente a los posibles
déficits del sistema. Pensión mínima de 1.080 euros. 2. Revalorización automática con relación al IPC real.
3. Derogación del factor de sostenibilidad.
4. Recuperación económica de lo perdido por los
pensionistas desde 2011.
5. Jubilación a los
65 años, y sin penalización a los 40 años cotizados, recuperando el subsidio a
los mayores de 52 años y la eliminación de la penalización que sufre la mujer
en las pensiones, que alcanza el 37%, muy superior al 24% de la diferencia
salarial entre hombres y mujeres.
Diego Jiménez @didacMur
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