martes, 27 de diciembre de 2016

Pobreza energética: incumplimientos

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/12/27/incumplimientos/793410.html

Sin pretender caer en los tópicos al uso sobre las festividades navideñas, es cierto que en estas fechas somos más proclives a que aflore nuestro lado más humano y sensible. Por eso quiero dedicar mi última columna del año a reflexionar sobre un hecho preocupante: en estos días de consumismo compulsivo hemos de recordar que hay personas que, atrapadas en las redes de la pobreza, no pueden acceder ni siquiera a bienes básicos de primera necesidad. Por poner sólo unos datos introductorios, el Índice de Desarrollo Humano de 2014, que mide aspectos como disfrutar una vida larga y saludable, el acceso a la Educación y un nivel de renta digno, sitúa a la Región de Murcia, con un 0,868, en antepenúltimo lugar de todas las autonomías, sólo por delante de Andalucía y Extremadura. Por otro lado, la Encuesta de las Condiciones de Vida (ECV) de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, no nos deja mejor parados: un 15,7% de la población declara retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, recibos de gas€); un 48,9% no puede afrontar gastos imprevistos; un 56% no puede ir de vacaciones una semana al año, y un 19,5% declara no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Precisamente, y porque hace unos días se registró en Murcia una manifestación alertando sobre el alarmante crecimiento de la pobreza energética, quiero centrarme en ella. La presión social, como siempre, condujo a que se legislara sobre este aspecto en nuestra Región. La propia Ley 10/2016 reconoce en su Preámbulo que se ha registrado un preocupante incremento de la pobreza energética por causas como la devaluación de las condiciones de vida, la escasa eficiencia energética de los edificios y el aumento del precio de los suministros.
Concretamente, la subida del coste de la electricidad en estos últimos seis años ha sido de un 70% (el doble que en la UE) y la del gas natural, un 35%. Por otro lado, los desahucios hídricos por impagos aumentan cada año, al encarecerse el suministro precisamente por la privatización del servicio.
En contraste con estas situación, las tres grandes empresas del sector eléctrico, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, obtuvieron 56.624 millones de euros de beneficios desde el comienzo de la crisis, favorecidas, sin duda, por la nefasta reforma del ministro Soria, que, para abordar el déficit tarifario, no sólo incrementó los costes para las personas usuarias sino que frenó en seco el desarrollo de las energías renovables.
La pobreza energética en España atenta contra las recomendaciones de instancias internacionales, como lo estipulado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, suscrito por España, y supone un flagrante incumplimiento de nuestra Constitución. El artículo 47 de nuestra Carta Magna estipula que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, mientras que el 128 nos recuerda que «toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad, está subordinada el interés general» (motivo por el que no se entiende que, con este panorama, la nacionalización del sector eléctrico no esté en la agenda política).
En este contexto, Ley 10/2016 establece en uno de sus artículos la necesidad de «garantizar que el conjunto medidas vinculadas con la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales se configure como un servicio de interés general para asegurar una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos». Más adelante, se estipula que «las Administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial» y, como principio de precaución, aclara que «la consejería del Gobierno Regional con competencia en materia de vivienda elaborará un protocolo obligado de comunicación a los servicios sociales y de intervención de estos servicios previamente a la concesión de las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministro, en los casos de impago por falta de recursos económicos de las familias afectadas», añadiendo, además, que «las Administraciones promoverán los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial».
Estas situaciones de pobreza energética y cómo atajarlas están previstas por el legislador. El problema es que, al día de hoy, Navidad de 2016, y tras seis meses de su promulgación, la Ley 10/2016 no se cumple.

Esperando que en el 2017 se superen estas lacerantes situaciones, les deseo unas felices fiestas.

martes, 13 de diciembre de 2016

EL LAICISMO PENDIENTE

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/12/13/laicismo-pendiente/790105.html

Cuando, con ocasión del 38 aniversario del referéndum constitucional, se ha empezado a hablar estos días de la posibilidad de que se abra el debate sobre la reforma de la Carta Magna de 1978, parece el momento de abordar con claridad, en una hipotética modificación de aquélla, un asunto que no parece estar en la agenda prioritaria de las formaciones políticas, quizás porque la situación de emergencia social del país motiva que se dé prioridad a otros temas: me estoy refiriendo a la no ruptura de ataduras del Estado respecto de una confesión, la católica, que, aun mayoritaria, dista mucho de ser representativa de la sociedad española del siglo XXI.
No se entiende que cuando el artículo 16.1 de la Constitución establece nítidamente que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», lo católico impregne los actos de las instituciones del Estado: desde la ostentación pública de fe por parte de la familia real, pasando por el juramento del cargo, ante una Biblia y con un crucifijo, por parte de algunos ministros, y terminando por la celebración de funerales de Estado con el rito católico, obviando el carácter civil que debieran tener esas ceremonias. Y ello es así porque hay una línea de continuidad desde el siglo XIX. Veamos.
La mayoría de leyes fundamentales de España han sido confesionales con religión de Estado católica. Comenzando por el Estatuto de Bayona de 1808 y continuando por los textos constitucionales de 1812, 1837, 1845, 1876 la nonnata de 1856 y los textos fundamentales de la dictadura franquista. Durante todos estos años, además, el poder la de la Iglesia católica quedó reforzado con concesiones y prebendas tales como la supervisión de la enseñanza o la presencia en ella en los Concordatos de 1851,1953 y 1979, la dotación del impuesto de culto y clero, que con distintas denominaciones se mantiene en la actualidad, y la actual exención tributaria de la que también disfruta la Iglesia.
Pocos fueron los momentos históricos de ruptura con esa confesionalidad católica. Tras la Revolución La Gloriosa, que acabó con el destierro de Isabel II, la Constitución de 1869 estipulaba claramente la libertad de cultos (si bien es cierto que el Estado se obligaba al sostenimiento de la Iglesia católica). Con el advenimiento de la I República, la Constitución nonnata de 1873 hacía una clara definición de laicidad del Estado. Pero hubo que esperar a la proclamación de la II República para que la separación Iglesia-Estado fuera más nítida, con una clara vocación de respeto a la libertad de conciencia.
Tengo claro que para que podamos considerar que España ha entrado de lleno en la modernidad y la democracia, además de actuaciones inaplazables (consolidar plenamente los derechos y libertades de la ciudadanía, hoy cuestionados. la regeneración política, con una democracia más participativa, y la erradicación de la lacra de la corrupción, entre otras medidas), se impone la necesidad de consolidar un laicismo siempre pendiente. Por eso es bueno abrir el debate social en este sentido. Y por eso son necesarios actos como el que el pasado noviembre organizó Europa Laica-Región de Murcia en el Moneo. 
Las personas intervinientes abordaron las múltiples facetas del hecho del laiciAntonio Campillo, decano de la Facultad de Filosofía, rastreó los orígenes de la ruptura del vínculo del Estado con la religión, que situó en acontecimientos como la Paz de Westfalia (1648), la Revolución Francesa y, a partir de mediados del siglo XIX, con la asunción por el Estado de parcelas antes reservadas a la Iglesia, como la Sanidad y la Educación. Además, Campillo nos recordó que en España el proceso de secularización ha sido muy traumático. Esther Herguedas, responsable de Educación de IURM, denunció el enorme peso de la Religión en los currículos escolares, consolidado por la LOMCE, y la anomalía que supone la existencia de un 32,7% de centros concertados en España, cuando en Finlandia éstos suponen sólo el 2%; el profesor Antonio Moreno habló del maridaje que aún existe entre la España del cuartel y la sacristía y propugnó una revisión amplia del texto constitucional de 1978 en un sentido realmente laico, mientras que Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, que afirmó que la larga sombra de Tarancón ha llegado hasta hoy, nos puso al corriente de toda una batería de iniciativas legislativas de su asociación, dirigidas al Parlamento, que incluye, entre otras, la denuncia del Concordato de 1979, una Ley de Libertad de Conciencia (que supere la Ley de Libertad Religiosa de 1980) y la necesidad de eliminar la exención tributaria de la Iglesia.