"No se puede poner el punto
final donde uno quiera” y “La Ley de Memoria Histórica es un producto tardío de
la Transacción, que no Transición, del Régimen del 78” fueron algunas de las
reflexiones destacadas por las personas ponentes.
Diego
Jiménez/Murcia.- El pasado viernes, día 21, tuvo lugar una mesa
redonda organizada por el Ateneo Villa de Archena, con la intervención de Diego Jiménez, en representación de la
Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia
(MHMU-Tenemos Memoria), y Pepa Martínez,
de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, moderada por José Ángel Herrero, presidente de la Comisión
Gestora de la Federación de asociaciones memorialistas de la Región de Murcia.
Con este acto inicial, el Ateneo inauguraba las actividades del X aniversario
de su constitución.
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| (Fotografía del blog de Pepa Martínez: enposidonia.blogspot.com) |
Intervenciones
Abrió el turno Diego Jiménez quien, previamente, aportó
unas cifras de lo que supuso, en los ámbito estatal y regional, la represión
franquista: más de medio millón de personas exiliadas; igual número de víctimas
de la Guerra Civil; casi 200.000 personas ejecutadas o muertas en las prisiones
franquistas entre 1939 y 1944; más de 100.000 personas en fosas comunes… cifras
que, en el ámbito regional, suponen 34.000 personas sometidas a Consejos de Guerra sumarísimos, con cerca de 1.500
condenas a muerte de las cuales se ejecutaron 900; sin olvidar a las 420
personas murcianas en campos de exterminio nazis (Mauthausen, Gusen, Dachau…),
de las cuales murieron 254, y a los esclavos del franquismo en campos de
trabajo como Albatera, Totana, obras del Cenajo y restauración de las
Adoratrices, en Cartagena.
Pasó, a continuación, a
analizar algunos aspectos del articulado de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
de Memoria Histórica, a la que comenzó calificando como “un producto tardío de la Transacción, que no Transición, del Régimen
del 78”. Recordó que los artículos 2 y 3 de ese texto legal declaran
injustas las sanciones, condenas y otras formas de violencia personal y declaran
la ilegitimidad de tribunales y jurados constituidos durante la Guerra Civil,
pero en ningún momento se citan los términos ilegalidad y anulación
de esas sentencias.
Criticó que los artículos 11,
12, 13 y 14 dejan en manos de las personas particulares las tareas de
localización y exhumación de los cuerpos, sin que, en ningún momento, actúe de
oficio el Estado, que es la petición expresa de la ONU.
Igualmente crítico se mostró
con la tibieza con que se insta a las administraciones públicas a la retirada
de escudos, insignias, símbolos… de la sublevación militar y la Dictadura,
dejando de lado, por otra parte, a la Iglesia católica. Y en cuanto a
incumplimientos, citó lo estipulado en el artículo 17, en referencia a la
elaboración de un catálogo de edificaciones y obras realizadas por miembros de
los batallones disciplinarios, así como el impulso de políticas públicas
destinadas a la conservación y fomento de la Memoria democrática.
Hizo alusión a los diez
suspensos de la ONU a España en esta materia, citando las palabras de Pablo de Greif, relator especial de la ONU para la Verdad,
Justicia y Reparación, cuando afirmara, a primeros de 2014, que “España hace
poco (y mal) para la búsqueda de la Justicia”.
Por último, concluyó con un
recordatorio de la presencia del monarca Felipe
VI, el pasado 3 de junio de 2015 en París, invitado por la alcaldesa de esa
ciudad, Anne Hidalgo, en los actos
de homenaje a los supervivientes de La 9,
la compañía que, al mando del general Leclerc,
liberó la capital francesa en el verano de 1944, criticando que un miembro de
la familia de Borbón, Felipe VI, que debe
su “legitimidad” a la franquista Ley de Sucesión de 1947 y al posterior
nombramiento por parte del dictador de Juan
Carlos como su sucesor, a título de rey, en 1969, no tuviera reparos en
reconocer que “París ha sido siempre ciudad de acogida para un buen número de
compatriotas”, omitiendo citar los motivos que llevaron a medio millón de
republicanos españoles a ese exilio forzoso al país vecino.
Por su parte, Pepa Martínez comenzó afirmando que “los grandes problemas que actualmente nos encontramos para
llevar a buen término nuestra lucha por la consecución de la Verdad, Justicia y
Reparación para las víctimas del franquismo no son paliados por la Ley de
Memoria Histórica”, porque “ésta no proporciona VERDAD, no proporciona JUSTICIA,
no proporciona REPARACIÓN”. Esa Ley “supuso para el Estado un paso atrás, al no
asumir ninguna responsabilidad por los crímenes que se cometieron durante la
guerra civil y el franquismo”.
Denunció que “lo que nació
fue una ley en la que no se daban pasos significativos para resarcir a las
víctimas, ignorando el Convenio para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de
Guerra y Lesa Humanidad, y no estableciéndose la anulación de las condenas
dictadas tras juicios injustos”.
Recordó las advertencias
de Amnistía Internacional (AI) en este sentido e hizo alusión a un artículo de Celia Amorós: “Una deuda debe ser satisfecha para
despertar entre deudores y acreedores la posibilidad de alianza"; así lo
planteó, hace tres años, en su artículo "Perdón e inscripción", en el
que afirma que el punto final no se
puede poner donde uno quiera”.
Recordó que “quienes hoy ejercen el poder son los
mismos que lo ejercitaron ayer, y están volviendo a pasos agigantados a su
postura de implacables violadores de los derechos humanos, como autores de una
legislación represiva, como artífices de un sistema económico injusto que
condena a la miseria a la mayoría de la población, y de un sistema judicial que
persigue a quienes se le oponen”. Recordó, así mismo, que “el gobierno
socialista de Zapatero promulgó en
2007 una ley, la de la Memoria Histórica, que además de no reconocer la
condición jurídica de las víctimas del franquismo, relega al ámbito familiar o
grupal su memoria individual y colectiva, dejando en manos privadas -que borran
las huellas judiciales de los crímenes al tratarse de exhumaciones
extrajudiciales- las exhumaciones de los
asesinados, sirviendo de coartada para la vigencia de una ley de
impunidad y de punto final, como es la ley de Amnistía de 1977, en
pleno vigor en la actualidad”.
Culminó su
intervención con un fragmento de un artículo del investigador Floren Dimas, que hablaba en este
sentido: “Mientras el Gobierno del PP escucha y apoya a las víctimas del terrorismo y legisla y pergeña atenciones
de todo tipo para acompañarlas en su dolor, las “otras víctimas”, las de
Franco, son despreciadas y olvidadas social e institucionalmente, incurriendo,
como lo hace la Justicia española, en un acto de prevaricación
continuada, omitiendo el deber de socorrerlas con la misma entrega y
servidumbre con que lo hace para con estas víctimas de lujo de la democracia
española”.
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