martes, 27 de diciembre de 2016

Pobreza energética: incumplimientos

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/12/27/incumplimientos/793410.html

Sin pretender caer en los tópicos al uso sobre las festividades navideñas, es cierto que en estas fechas somos más proclives a que aflore nuestro lado más humano y sensible. Por eso quiero dedicar mi última columna del año a reflexionar sobre un hecho preocupante: en estos días de consumismo compulsivo hemos de recordar que hay personas que, atrapadas en las redes de la pobreza, no pueden acceder ni siquiera a bienes básicos de primera necesidad. Por poner sólo unos datos introductorios, el Índice de Desarrollo Humano de 2014, que mide aspectos como disfrutar una vida larga y saludable, el acceso a la Educación y un nivel de renta digno, sitúa a la Región de Murcia, con un 0,868, en antepenúltimo lugar de todas las autonomías, sólo por delante de Andalucía y Extremadura. Por otro lado, la Encuesta de las Condiciones de Vida (ECV) de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, no nos deja mejor parados: un 15,7% de la población declara retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, recibos de gas€); un 48,9% no puede afrontar gastos imprevistos; un 56% no puede ir de vacaciones una semana al año, y un 19,5% declara no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Precisamente, y porque hace unos días se registró en Murcia una manifestación alertando sobre el alarmante crecimiento de la pobreza energética, quiero centrarme en ella. La presión social, como siempre, condujo a que se legislara sobre este aspecto en nuestra Región. La propia Ley 10/2016 reconoce en su Preámbulo que se ha registrado un preocupante incremento de la pobreza energética por causas como la devaluación de las condiciones de vida, la escasa eficiencia energética de los edificios y el aumento del precio de los suministros.
Concretamente, la subida del coste de la electricidad en estos últimos seis años ha sido de un 70% (el doble que en la UE) y la del gas natural, un 35%. Por otro lado, los desahucios hídricos por impagos aumentan cada año, al encarecerse el suministro precisamente por la privatización del servicio.
En contraste con estas situación, las tres grandes empresas del sector eléctrico, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, obtuvieron 56.624 millones de euros de beneficios desde el comienzo de la crisis, favorecidas, sin duda, por la nefasta reforma del ministro Soria, que, para abordar el déficit tarifario, no sólo incrementó los costes para las personas usuarias sino que frenó en seco el desarrollo de las energías renovables.
La pobreza energética en España atenta contra las recomendaciones de instancias internacionales, como lo estipulado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, suscrito por España, y supone un flagrante incumplimiento de nuestra Constitución. El artículo 47 de nuestra Carta Magna estipula que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, mientras que el 128 nos recuerda que «toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad, está subordinada el interés general» (motivo por el que no se entiende que, con este panorama, la nacionalización del sector eléctrico no esté en la agenda política).
En este contexto, Ley 10/2016 establece en uno de sus artículos la necesidad de «garantizar que el conjunto medidas vinculadas con la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales se configure como un servicio de interés general para asegurar una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos». Más adelante, se estipula que «las Administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial» y, como principio de precaución, aclara que «la consejería del Gobierno Regional con competencia en materia de vivienda elaborará un protocolo obligado de comunicación a los servicios sociales y de intervención de estos servicios previamente a la concesión de las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministro, en los casos de impago por falta de recursos económicos de las familias afectadas», añadiendo, además, que «las Administraciones promoverán los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial».
Estas situaciones de pobreza energética y cómo atajarlas están previstas por el legislador. El problema es que, al día de hoy, Navidad de 2016, y tras seis meses de su promulgación, la Ley 10/2016 no se cumple.

Esperando que en el 2017 se superen estas lacerantes situaciones, les deseo unas felices fiestas.

martes, 13 de diciembre de 2016

EL LAICISMO PENDIENTE

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/12/13/laicismo-pendiente/790105.html

Cuando, con ocasión del 38 aniversario del referéndum constitucional, se ha empezado a hablar estos días de la posibilidad de que se abra el debate sobre la reforma de la Carta Magna de 1978, parece el momento de abordar con claridad, en una hipotética modificación de aquélla, un asunto que no parece estar en la agenda prioritaria de las formaciones políticas, quizás porque la situación de emergencia social del país motiva que se dé prioridad a otros temas: me estoy refiriendo a la no ruptura de ataduras del Estado respecto de una confesión, la católica, que, aun mayoritaria, dista mucho de ser representativa de la sociedad española del siglo XXI.
No se entiende que cuando el artículo 16.1 de la Constitución establece nítidamente que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», lo católico impregne los actos de las instituciones del Estado: desde la ostentación pública de fe por parte de la familia real, pasando por el juramento del cargo, ante una Biblia y con un crucifijo, por parte de algunos ministros, y terminando por la celebración de funerales de Estado con el rito católico, obviando el carácter civil que debieran tener esas ceremonias. Y ello es así porque hay una línea de continuidad desde el siglo XIX. Veamos.
La mayoría de leyes fundamentales de España han sido confesionales con religión de Estado católica. Comenzando por el Estatuto de Bayona de 1808 y continuando por los textos constitucionales de 1812, 1837, 1845, 1876 la nonnata de 1856 y los textos fundamentales de la dictadura franquista. Durante todos estos años, además, el poder la de la Iglesia católica quedó reforzado con concesiones y prebendas tales como la supervisión de la enseñanza o la presencia en ella en los Concordatos de 1851,1953 y 1979, la dotación del impuesto de culto y clero, que con distintas denominaciones se mantiene en la actualidad, y la actual exención tributaria de la que también disfruta la Iglesia.
Pocos fueron los momentos históricos de ruptura con esa confesionalidad católica. Tras la Revolución La Gloriosa, que acabó con el destierro de Isabel II, la Constitución de 1869 estipulaba claramente la libertad de cultos (si bien es cierto que el Estado se obligaba al sostenimiento de la Iglesia católica). Con el advenimiento de la I República, la Constitución nonnata de 1873 hacía una clara definición de laicidad del Estado. Pero hubo que esperar a la proclamación de la II República para que la separación Iglesia-Estado fuera más nítida, con una clara vocación de respeto a la libertad de conciencia.
Tengo claro que para que podamos considerar que España ha entrado de lleno en la modernidad y la democracia, además de actuaciones inaplazables (consolidar plenamente los derechos y libertades de la ciudadanía, hoy cuestionados. la regeneración política, con una democracia más participativa, y la erradicación de la lacra de la corrupción, entre otras medidas), se impone la necesidad de consolidar un laicismo siempre pendiente. Por eso es bueno abrir el debate social en este sentido. Y por eso son necesarios actos como el que el pasado noviembre organizó Europa Laica-Región de Murcia en el Moneo. 
Las personas intervinientes abordaron las múltiples facetas del hecho del laiciAntonio Campillo, decano de la Facultad de Filosofía, rastreó los orígenes de la ruptura del vínculo del Estado con la religión, que situó en acontecimientos como la Paz de Westfalia (1648), la Revolución Francesa y, a partir de mediados del siglo XIX, con la asunción por el Estado de parcelas antes reservadas a la Iglesia, como la Sanidad y la Educación. Además, Campillo nos recordó que en España el proceso de secularización ha sido muy traumático. Esther Herguedas, responsable de Educación de IURM, denunció el enorme peso de la Religión en los currículos escolares, consolidado por la LOMCE, y la anomalía que supone la existencia de un 32,7% de centros concertados en España, cuando en Finlandia éstos suponen sólo el 2%; el profesor Antonio Moreno habló del maridaje que aún existe entre la España del cuartel y la sacristía y propugnó una revisión amplia del texto constitucional de 1978 en un sentido realmente laico, mientras que Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, que afirmó que la larga sombra de Tarancón ha llegado hasta hoy, nos puso al corriente de toda una batería de iniciativas legislativas de su asociación, dirigidas al Parlamento, que incluye, entre otras, la denuncia del Concordato de 1979, una Ley de Libertad de Conciencia (que supere la Ley de Libertad Religiosa de 1980) y la necesidad de eliminar la exención tributaria de la Iglesia.




martes, 29 de noviembre de 2016

MRCOS ANA: POETA, COMUNISTA, TOLERANTE

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/11/29/poeta-comunista-tolerante/786678.html

En la noche del pasado jueves se apagó la vida, que no la palabra, de Fernando Macarro Castillo, el preso político del franquismo con más años de estancia entre rejas y que adoptó el pseudónimo de Marcos Ana, nombre que tomara de sus progenitores. Tuve la suerte de conocerlo personalmente en Archena, en abril de 2009, en el contexto de las II Jornadas de Memoria Histórica organizadas por el Ateneo de esa localidad. Presentaba su libro autobiográfico Decidme cómo es un árbol. Nos dedicó un ejemplar a mi compañera y a mí, calificándonos  como “compañeros de lucha y esperanza”, con el deseo, además,  de que su libro pudiera contribuir a la “lucha por la dignidad humana”. La emoción nos embargó cuando terminó de estampar su firma bajo aquella bella dedicatoria.

Marcos Ana, fotografiado en la cárcel de Ocaña, en que estuvo preso (Foto de Luis Magán/El País).

Marcos Ana fue hijo de aquella España en la que los niños y niñas abandonaban precozmente la escuela. Nacido en enero de 1920 en el seno de una familia humilde de jornaleros del campo en el pueblo salmantino de Arconada, pasó a vivir en Ventosa del río Almar, una pequeña localidad de esa misma provincia. Su padre, analfabeto, murió al estallar la guerra, alcanzado por una bomba. Su madre, que dominaba la lectura y escritura, murió de pena al no soportar el encarcelamiento de su hijo.

Marcos, el menor de la familia,  dejó la escuela a los doce años para colocarse como mozo en una tienda. A los dieciséis, ingresó en las Juventudes Socialistas, que luego se unificarían con las comunistas, dando lugar a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Al estallar la guerra, quiso ir voluntario al frente, pero no se lo permitieron por su edad, lo que le llevó a ser instructor en el Palacio de El Pardo de los jóvenes socialistas. Allí estuvo hasta la rendición del Madrid (‘traición’ del coronel Casado) en marzo de 1939. Detenido en Alicante, pasó por el Campo de los Almendros, donde, según nos dijo, el hambre de los presos hizo que desaparecieran las hojas de estos árboles, y por el terrible campo de concentración de Albatera. Estuvo preso en  Porlier, en Ocaña, en Burgos… cárceles en las que pasó veintitrés años de su vida, estando en dos ocasiones al borde del pelotón de fusilamiento.

Su estancia en prisión le permitió entrar en contacto con los clásicos: Quevedo, Cervantes… aunque la lectura de El Quijote les estaba prohibida. Ahí se forjó el poeta que conocimos, un hombre sencillo y bueno, generoso, que nunca olvidó a sus compañeros encarcelados y asesinados. En su alocución de Archena nos emocionó vivamente y nos alentó a luchar por la justicia, que no por la venganza. En su libro de Memorias afirma: “Yo quiero el triunfo de la democracia para acabar con el odio y el fratricidio, para que todos los españoles podamos vivir pacíficamente, coincidir o discrepar en la defensa de nuestras ideas sin tener que degollarnos los unos a los otros. La única venganza a la que yo aspiro es a la de ver triunfantes un día los nobles ideales por los que he luchado y por los que miles de demócratas y antifranquistas perdieron su vida o su libertad”. Marcos Ana aseguró que lo sucedido en esa España de la intolerancia, en la posguerra, no ha de olvidarse y debería constituir una asignatura obligatoria para ser transmitida a los jóvenes.

Confesaba no guardar rencor por el periodo de su vida transcurrido en cárceles franquistas. Nos dijo que el encierro obligado en una celda de reducidas dimensiones agudiza la percepción sensorial, hasta el extremo de que era capaz de reconocer los sonidos diferenciados de las pisadas de los carceleros, según vinieran a aportarle el sustento diario o en busca de algún preso destinado al pelotón de fusilamiento. Sin embargo, sometido él personalmente a esta extrema experiencia en dos ocasiones,  aseguró no haber experimentado el miedo; antes al contrario, ejerció de ‘pedagogo del optimismo’ ante sus propios compañeros.

Hombre agnóstico, nos contó que en una iglesia de Vallecas no le importó tener la imagen de Cristo al lado mientras relataba sus experiencias vividas, en la medida, dijo, que se sentía cercano e identificado con la figura de Cristo, aunque no con la Iglesia-institución ni con la religión. Hombre tolerante, pensaba que en la derecha encontramos buenas personas, como aquella concejala de Burgos que le ofreció, en una de sus charlas, un ramo de flores con siete rosas rojas, por los siete años transcurridos bajo la pena de muerte,  y dieciséis blancas, por los restantes años que estuvo en prisión.

Pero más que por mis palabras, la personalidad de Marcos Ana queda reflejada en sus textos. He aquí una muestra, un poema extraído de su libro Poemas de la prisión y la vida:

AUTOBIOGRAFÍA
Mi pecado es terrible; / quise llenar de estrellas / el corazón del hombre. / Por eso aquí entre rejas / en diecinueve inviernos / perdí mis primaveras. / Preso desde mi  infancia / y a muerte mi condena / mis ojos van secando / su luz contra las piedras. / Más no hay sombra de arcángel / vengador en mis venas./ España es sólo el grito / de mi dolor que sueña...


martes, 15 de noviembre de 2016

MEMORIA HISTÓRICA: ABRIENDO BRECHAS


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/11/15/abriendo-brechas/782805.html

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es una mala noticia. Se inscribe en un contexto de crisis de la democracia burguesa y un evidente retroceso de las libertades en todo el mundo, del que son clara expresión el auge de las tendencias xenófobas, homófobas y racistas, la ruptura del contrato social surgido tras la II Guerra Mundial y el apoyo ciudadano y electoral a partidos de corte conservador, cuando no claramente prefascistas. Salvando las distancias y las necesarias cautelas, la situación tiene connotaciones evidentes con la crisis de los años 30 del pasado siglo, que, recordemos, tuvo una salida progresista y democrática (el New Deal, de Franklin D. Roosevelt, la II República Española€), pero también autoritaria, con la cristalización de los fascismos en Europa.
En nuestro país, en opinión del historiador Paul Preston, la democracia no terminó de consolidarse nunca tras la muerte de Franco, pues el control que la dictadura franquista ejerció sobre instituciones como la Iglesia, la prensa y la Educación ha permitido la pervivencia de lo que denomina franquismo sociológico, que ha de interpretarse, sensu strictu, no como un régimen político, sino en sentido amplio, como un modo de gobernar, del que el abuso de poder, el Gobierno a favor de intereses partidistas, el recorte de las libertades ciudadanas, las reformas laborales y, sobre todo, el fenómeno de la corrupción son sus manifestaciones más destacadas.
En este contexto, las actuaciones del Estado (con un Gobierno del PP que, recordemos, no ha condenado el franquismo) tendentes a saldar una deuda con quienes sufrieron la represión de ese ominoso régimen han sufrido una paralización sangrante, con todo tipo de impedimentos para la actuación de la Justicia y sin consignación presupuestaria para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. La llamada querella argentina es la única causa judicial en el mundo que investiga el franquismo, por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio. Pero, a instancias de la Fiscalía del Estado, a Gerardo Iglesias, excoordinador general de Izquierda Unida, se le impidió declarar por las torturas recibidas en su etapa de trabajador minero en activo. La justificación fue que tanto la Ley de Amnistía de 1977 como la propia Transición sirvieron para sanar esas heridas.
Es, por tanto, la sociedad civil la que ha de actuar de altavoz para dignificar y no olvidar a las víctimas. El pasado día 3 la Asociación de Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU) organizó en el Moneo una mesa redonda de debate sobre el destino de la antigua prisión provincial de Murcia, la llamada Cárcel Vieja, una vez decidido el Ayuntamiento de Murcia a convocar un concurso de anteproyectos para su rehabilitación. El acto contó con la presencia de Roque Ortiz, concejal de Fomento del ayuntamiento de Murcia, acompañado del decano del Colegio de Arquitectos, Rafael Pardo.
En la sala, concejales de los grupos de la oposición y en la mesa de debate, un panel de personas expertas muy representativo: Antonio Martínez Ovejero, doctor en Historia e investigador del franquismo en nuestra Región; Fuensanta Escudero, doctora en Historia y autora de libros sobre la propia cárcel y sobre la deportación de murcianos a los campos de exterminio nazi; Enrique de Andrés, arquitecto, urbanista y restaurador, y María Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias, inaugurado en 2010 y ubicado en la antigua Cárcel Modelo del Principado. Especialmente relevante fue la aportación de esta última, por cuanto el ejemplo de Asturias es algo muy a tener en cuenta para la remodelación del antiguo presidio murciano.
El convenio firmado a finales de este verano entre el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos establece que es en la segunda donde se considera la ubicación de un espacio memorialista. La petición de MHMU es que ello se aborde la primera y, además, teniendo en cuenta la sugerencia del arquitecto Enrique de Andrés: una obra de tal envergadura ha de contar necesariamente con la participación de la sociedad civil. Por ello, MHMU considera que debe estar presente en el jurado que ha de decidir el proyecto ganador.
En estos tiempos convulsos, con unas democracias renqueantes, es saludable que el movimiento memorialista esté abriendo otras brechas importantes. Por ejemplo, en la eliminación de los callejeros franquistas. Los ejemplos recientes de Ayuntamientos próximos como Totana, Cartagena y Alicante son ilustrativos en este sentido. Como es aleccionador que el consistorio murciano haya decidido abrir una comisión de estudio (en la que participa MHMU) para abordar el cambio de denominación de decenas de calles franquistas que aún quedan en la ciudad y sus pedanías.
Además, las actuaciones de los Gobiernos de varias autonomías (Cataluña, Euskadi, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana y próximamente Andalucía), con leyes que tratan de suplir la inhibición del Estado, aun con sus luces y sombras (la exhumación de fosas comunes no siempre se ajusta a las recomendaciones de la ONU, pues mal hechas pueden borrar vestigios), se inscriben en ese deseo de seguir ahondando la brecha que conduzca a enterrar definitivamente el franquismo latente en nuestro país.

viernes, 4 de noviembre de 2016

LA ASOCIACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA DE MURCIA ORGANIZÓ UNA MESA REDONDA DE DEBATE SOBRE LA CÁRCEL VIEJA

La participación de la sociedad civil en el diseño del destino final del edificio, sujeto a remodelación,  fue una idea destacada por personas ponentes y público asistente


La participación de la sociedad civil y, consiguientemente, el diseño de políticas urbanística de abajo a arriba fue una de las conclusiones destacadas de la mesa redonda de anoche en el Moneo organizada por la Asociación de Memoria Histórica de Murcia. Con ella se pretendía aportar ideas a la propuesta municipal de rehabilitación de la antigua prisión provincial (Cárcel Vieja). El acto, con notable asistencia de público y que puso fin a las Jornadas de Memoria Histórica de este año 2016, contó con la asistencia de concejales de los grupos de oposición y, en representación del equipo de Gobierno municipal, con el concejal de Fomento, a quien acompañaba el decano de colegio de arquitectos.



En la mesa. de izquierda a derecha, se encontraban: María Jesús García, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica y moderadora del acto; Enrique de Andrés, arquitecto, urbanista y restaurador; Antonio Martínez Ovjero, doctor en Historia e investigador del franquismo en nuestra Región; Fuensanta Escudero, doctora en Historia y autora de libros sobre la cárcel de Murcia y sobre deportados a Mauthausen, y María Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias, inaugurado en 2010 y ubicado en la antigua Cárcel Modelo del Principado.
En los próximas días aportaré una amplia reseña del acto, que procedí a grabar en su integridad.

martes, 1 de noviembre de 2016

REVÁLIDAS: ¿POR QUÉ? ¿PARA QUIÉNES?


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/11/01/revalidas/779148.html

Junio de 1967. Días de bochorno en aquellas aulas de altos muros del único instituto entonces existente en Cartagena, el Isaac Peral. El mismo que en dos turnos de mañana y tarde acogiera durante el curso, respectivamente, a chicos y chicas por separado, como mandaban los cánones de aquella educación franquista elitista, segregadora y con sus correspondientes dosis de manipulación y adoctrinamiento ideológicos. Nos enfrentábamos a la reválida del bachiller elemental. En los pupitres, el lápiz, la goma de borrar, los útiles para resolver problemas de Geometría, los bolígrafos bic y el diccionario de latín, indispensable para la prueba en que la que se iba a evaluar nuestra capacidad para traducir aquellos textos de La Guerra de las Galias de Julio César, en los que lo fundamental era el dominio de la sintaxis latina, el ablativo absoluto, las conjugaciones verbales y las declinaciones, aunque el haber aprendido el contexto histórico y cultural de esa época histórica hubiera ocupado en las aulas un lugar irrelevante, por ausente.
Recuerdo el nivel de ansiedad y nerviosismo con el que afrontábamos esa reválida, con contenidos de los cuatro cursos de bachillerato. Como recuerdo que sólo la suerte determinó que, en el examen de Matemáticas, no nos exigieran resolver un ejercicio de la temida trigonometría, porque no la habíamos visto durante el curso. Aprobar la reválida era condición necesaria, e imprescindible, para continuar con los estudios. Por fortuna la superé y pude iniciar aquel bachiller superior que, tras otra reválida al acabar el sexto curso, daba paso al curso previo a la entrada en la Universidad, el 'Preu', al que, ¡cómo no! seguía otro examen de acceso a la misma: la llamada Prueba de Madurez. En ningún momento, por la situación económica familiar, pude disponer de ayuda externa, en forma de profesorado de apoyo o clases particulares. Antes al contrario, yo mismo impartía esas clases particulares en mi caso, de Lengua y Latín para obtener unas perras para mis gastos.Muchos y muchas (las menos) de mi generación sólo contábamos con nuestro esfuerzo personal y una restrictiva política de ayudas al estudio para seguir adelante.
Cuenten. Además de la necesidad de aprobar curso tras curso, habíamos de superar tres pruebas selectivas, tres 'zancadillas', si queríamos entrar en aquella universidad también elitista y segregadora. Cuando pisé las aulas de la Facultad de Letras, allá por el otoño de 1970, recuerdo que se decía que sólo un 5% de los hijos e hijas de la clase obrera nos enfrentábamos al reto de titular y superar las limitaciones de nuestra extracción social de origen.
Me van a perdonar que me haya deslizado en mi columna de hoy por estos vericuetos intimistas. Pero es que la situación actual me ha recordado a aquélla de mi infancia y adolescencia. Hoy, como ayer, el sistema educativo de estos últimos cinco años, con las políticas de privatizaciones y recortes, deja de ser igualitario cuando el futuro de quienes acceden a él depende de la capacidad económica de las familias y de la formación de éstas, lo que nos está abocando a una situación en que están agravándose peligrosamente las desigualdades en el alumnado. Porque, aunque Rajoy haya anunciado la suspensión temporal de la validez académica de las reválidas hasta que no se logre ese Pacto Educativo tantas veces anunciado y tan difícil de concretar, tengo para mí que, si no lo evitamos, la política educativa del futuro Gobierno no va a desviarse ni un ápice de lo que ha venido siendo una constante: su desprecio absoluto a una Educación pública, gratuita, universal y compensadora de desigualdades.
Sólo unas cifras para situar el problema en su contexto. Según datos de Eurostat, en los últimos cuatro años se han recortado 7.764 millones de euros en profesorado, aulas, apoyos o becas. El porcentaje del PIB destinado a Educación (un 4,3%) desciende y se aleja de la media europea (6,25%) y de los países de la OCDE (5,6%). Por si eso fuera poco, el próximo Gobierno del PP se ha comprometido con la Troika a situar el gasto educativo en 2017 en el 3,9%. Según Enrique J. Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León, ello supone que España esté en el puesto 25, de 35 países de la OCDE, en gasto educativo, aunque un reciente informe de este organismo concluya, de forma tajante, que «una educación de calidad necesita una financiación sostenible». Pero España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año que la media de la OCDE.
Es clara, pues, la intencionalidad del Gobierno con la política educativa que ha venido imponiendo y con esas reválidas momentáneamente aplazadas: expulsar del sistema de educativo a un buen número de estudiantes, en un contexto de una visión mercantilista de la Educación. La comunidad educativa es consciente de ello. De ahí que la movilización del pasado día 26 parece anunciar el reinicio de un nuevo ciclo reivindicativo, que puede extenderse a otros ámbitos y sectores, en una legislatura que se intuye 'caliente'.

martes, 25 de octubre de 2016

El Ateneo Villa de Archena inauguró las actividades de su X aniversario con una mesa redonda sobre la Ley de Memoria Histórica

"No se puede poner el punto final donde uno quiera” y “La Ley de Memoria Histórica es un producto tardío de la Transacción, que no Transición, del Régimen del 78” fueron algunas de las reflexiones destacadas por las personas ponentes.

Diego Jiménez/Murcia.- El pasado viernes, día 21, tuvo lugar una mesa redonda organizada por el Ateneo Villa de Archena, con la intervención de Diego Jiménez, en representación de la Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia (MHMU-Tenemos Memoria), y Pepa Martínez, de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, moderada por José Ángel Herrero, presidente de la Comisión Gestora de la Federación de asociaciones memorialistas de la Región de Murcia. Con este acto inicial, el Ateneo inauguraba las actividades del X aniversario de su constitución.

(Fotografía del blog de Pepa Martínez: enposidonia.blogspot.com)


Intervenciones

Abrió el turno Diego Jiménez quien, previamente, aportó unas cifras de lo que supuso, en los ámbito estatal y regional, la represión franquista: más de medio millón de personas exiliadas; igual número de víctimas de la Guerra Civil; casi 200.000 personas ejecutadas o muertas en las prisiones franquistas entre 1939 y 1944; más de 100.000 personas en fosas comunes… cifras que, en el ámbito regional, suponen 34.000 personas sometidas a  Consejos de Guerra sumarísimos, con cerca de 1.500 condenas a muerte de las cuales se ejecutaron 900; sin olvidar a las 420 personas murcianas en campos de exterminio nazis (Mauthausen, Gusen, Dachau…), de las cuales murieron 254, y a los esclavos del franquismo en campos de trabajo como Albatera, Totana, obras del Cenajo y restauración de las Adoratrices, en Cartagena.

Pasó, a continuación, a analizar algunos aspectos del articulado de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, a la que comenzó calificando como “un producto tardío de la Transacción, que no Transición, del Régimen del 78”. Recordó que los artículos 2 y 3 de ese texto legal declaran injustas las sanciones, condenas y otras formas de violencia personal y declaran la ilegitimidad de tribunales y jurados constituidos durante la Guerra Civil, pero en ningún momento se citan los términos ilegalidad y anulación de esas sentencias.

Criticó que los artículos 11, 12, 13 y 14 dejan en manos de las personas particulares las tareas de localización y exhumación de los cuerpos, sin que, en ningún momento, actúe de oficio el Estado, que es la petición expresa de la ONU.

Igualmente crítico se mostró con la tibieza con que se insta a las administraciones públicas a la retirada de escudos, insignias, símbolos… de la sublevación militar y la Dictadura, dejando de lado, por otra parte, a la Iglesia católica. Y en cuanto a incumplimientos, citó lo estipulado en el artículo 17, en referencia a la elaboración de un catálogo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los batallones disciplinarios, así como el impulso de políticas públicas destinadas a la conservación y fomento de la Memoria democrática.
Hizo alusión a los diez suspensos de la ONU a España en esta materia, citando las palabras de Pablo de Greif,  relator especial de la ONU para la Verdad, Justicia y Reparación, cuando afirmara, a primeros de 2014, que “España hace poco (y mal) para la búsqueda de la Justicia”.

Por último, concluyó con un recordatorio de la presencia del monarca Felipe VI, el pasado 3 de junio de 2015 en París, invitado por la alcaldesa de esa ciudad, Anne Hidalgo, en los actos de homenaje a los supervivientes de La 9, la compañía que, al mando del general Leclerc, liberó la capital francesa en el verano de 1944, criticando que un miembro de la familia de Borbón, Felipe VI,  que debe su “legitimidad” a la franquista Ley de Sucesión de 1947 y al posterior nombramiento por parte del dictador de Juan Carlos como su sucesor, a título de rey, en 1969, no tuviera reparos en reconocer que “París ha sido siempre ciudad de acogida para un buen número de compatriotas”, omitiendo citar los motivos que llevaron a medio millón de republicanos españoles a ese exilio forzoso al país vecino.

Por su parte, Pepa Martínez comenzó afirmando que “los grandes problemas que actualmente nos encontramos para llevar a buen término nuestra lucha por la consecución de la Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo no son paliados por la Ley de Memoria Histórica”, porque “ésta no proporciona VERDAD, no proporciona JUSTICIA, no proporciona REPARACIÓN”. Esa Ley “supuso para el Estado un paso atrás, al no asumir ninguna responsabilidad por los crímenes que se cometieron durante la guerra civil y el franquismo”. Denunció que “lo que nació fue una ley en la que no se daban pasos significativos para resarcir a las víctimas, ignorando el Convenio para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, y no estableciéndose la anulación de las condenas dictadas tras juicios injustos”.

Recordó las advertencias de Amnistía Internacional (AI) en este sentido e hizo alusión a un artículo de Celia Amorós: “Una deuda debe ser satisfecha para despertar entre deudores y acreedores la posibilidad de alianza";  así lo planteó, hace tres años, en su artículo "Perdón e inscripción", en el que afirma que el punto final no se puede poner donde uno quiera”.

Recordó que “quienes hoy ejercen el poder son los mismos que lo ejercitaron ayer, y están volviendo a pasos agigantados a su postura de implacables violadores de los derechos humanos, como autores de una legislación represiva, como artífices de un sistema económico injusto que condena a la miseria a la mayoría de la población, y de un sistema judicial que persigue a quienes se le oponen”. Recordó, así mismo, que “el gobierno socialista de Zapatero promulgó en 2007 una ley, la de la Memoria Histórica, que además de no reconocer la condición jurídica de las víctimas del franquismo, relega al ámbito familiar o grupal su memoria individual y colectiva, dejando en manos privadas -que borran las huellas judiciales de los crímenes al tratarse de exhumaciones extrajudiciales-  las exhumaciones de los asesinados, sirviendo de coartada para la vigencia de una ley de impunidad y de punto final, como es la ley de Amnistía de 1977, en pleno vigor en la actualidad”.

Culminó su intervención con un fragmento de un artículo del investigador Floren Dimas, que hablaba en este sentido: “Mientras el Gobierno del PP escucha y apoya a las víctimas del terrorismo y legisla y pergeña atenciones de todo tipo para acompañarlas en su dolor, las “otras víctimas”, las de Franco, son despreciadas y olvidadas social e institucionalmente, incurriendo, como lo hace la Justicia española, en un acto de prevaricación continuada, omitiendo el deber de socorrerlas con la misma entrega y servidumbre con que lo hace para con estas víctimas de lujo de la democracia española”.






martes, 18 de octubre de 2016

Pensiones: Que no nos engañen. Son viables

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2016/10/18/pensiones-son-viables/775489.html

La sostenibilidad del sistema público de pensiones viene siendo un tema recurrente en estos tiempos de crisis, con la interesada contribución de toda una legión de medios de información-persuasión dispuestos a ser los voceros de la patronal. La CEOE, utilizando las cifras del INE, alerta del preocupante aumento de las personas inactivas. Unos ejemplos: si en 2002, por cada cien personas en edad de trabajar había veinticinco con más de 65 años, en 2015, la ratio se había elevado a veintiocho y en el horizonte de 2050 las personas mayores de 65 años serían 74, o lo que es lo mismo, por cada cuatro personas en edad de trabajar habrá tres fuera del mercado laboral. Cifras para sembrar la inquietud social y justificar los recortes, pero que no tienen en cuenta otros datos objetivos.

Lo primero que hay que aclarar es que el Pacto de Toledo estableció una distinción en el sistema público de pensiones español: las pensiones no contributivas serían financiadas vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras que las contributivas lo harían mediante las cotizaciones sociales. Es claro colegir que, en ese caso, llegado el momento de crisis, la financiación de estas últimas se resentiría. Pese a ello, las agoreras previsiones que hablan de lo insostenible del modelo actual no tienen fundamento. Según datos de Eurostat, el gasto de pensiones en relación al PIB en España fue de un 11,4% en 2012 (en 2016, además, ese porcentaje descenderá al 10,4%), por debajo de trece países de la UE15, siendo Francia (14,9%) e Italia (16,1) los que dedican más presupuesto. Luego es falso que España gaste mucho en pensiones. Incluso a la altura de 2050, según Eurostat, el gasto del Estado español igualaría al actual de Francia (un 14%). 

Otro dato. Cuando se relaciona el problema de las pensiones con la baja natalidad de este país no se tiene en cuenta que: 1. España no tiene un problema de jóvenes dispuestos a trabajar y sostener el sistema; el problema es que tienen que emigrar fuera de nuestras fronteras. 2. Según los expertos, a la altura de 2050, el baby boom de los años 70 y 80 será ya historia pasada, y se notarán los efectos de la actual transición demográfica, de baja natalidad, que está originando un descenso poblacional, que llevaría también a menos personas perceptoras de pensiones. 3. En todo caso, se obvia interesadamente que ese descenso poblacional del país y de la población activa se verá compensado con un incremento de la productividad. 

No es el componente poblacional, pues, el más influyente. El mayor ataque a las pensiones han sido las políticas neoliberales impuestas por los Gobiernos del PSOE y PP, que han llevado a un deterioro enorme de las condiciones laborales, con altos niveles de paro, precariedad, bajos salarios y contratos 'basura'. A este respecto, LA OPINIÓN daba cuenta, hace unos días, de que uno de cada cuatro contratos de trabajo dura sólo siete días o menos. El problema, pues, no es el elevado número de pensionistas ni, por supuesto, la cuantía de las pensiones, de las más bajas de la UE15, sino la menor recaudación de la Seguridad Social. A este respecto, Vicenç Navarro afirmaba en un artículo reciente que si en España hubiera el mismo porcentaje de población (hombres y mujeres) que trabajan en Suecia, y con los mismos salarios y carga fiscal, no tendríamos problema alguno. 

Por último, un elemento a considerar, nada desdeñable, es la injusta política redistributiva de este país. En España, las rentas del capital han alcanzado, en este momento, casi la mitad de las totales del país, con una excesiva dependencia del Estado de las rentas del trabajo. Cuando desde Bruselas se insta al Gobierno español a corregir la desviación del déficit para situarlo en el 3,1% y cuando el Gobierno se apresta, pues, a recortar el gasto en 5.500 millones de euros, hay que oír a los expertos.Héctor Illueca, doctor en Derecho, inspector de trabajo y profesor de la Universidad de Valencia, afirmó hace unos días, en charla impartida en Murcia organizada por los yayoflautas, que si las cotizaciones sociales fueran más progresivas, eliminando las subvenciones a los empresarios y el techo de cotización para las rentas salariales más altas, y se aplicara una política de persecución del fraude en los contratos a tiempo parcial, los ingresos destinados a las pensiones podrían incrementarse en unos 10.000 millones euros/año. 

Las pensiones no son una limosna del Gobierno, sino un derecho constitucional consagrado en los artículos 41 y 50 de nuestra Carta Magna. Por eso, su defensa exige de todos nosotros y nosotras, actuales perceptores y futuros pensionistas, información y, sobre todo, movilización, porque hay toda una gigantesca operación orquestada para entregarlas a grupos financieros y siniestros fondos de inversión, de dudosa rentabilidad.

Hace unos días asistimos en Murcia a la primera manifestación convocada por los yayoflautas que pretendía concienciar de este hecho a la ciudadanía murciana. Que no nos engañen: las pensiones son viables.

lunes, 10 de octubre de 2016

Los yayoflautas de Murcia se manifiestan en defensa del sistema público de pensiones

Consideran  que la insistencia en su inviabilidad es una estrategia del Gobierno y de los grupos financieros y empresas aseguradoras

Diego Jiménez/Murcia.- Los yayoflautas de Murcia, ante la inquietud y alarma social motivadas por el vaciado sistemático por parte del Gobierno del PP de la ‘hucha’ de las pensiones,  llevan  todo lo que va de otoño inmersos en una campaña cuyo lema es ‘Defendiendo el sistema público de pensiones’. A la colocación de mesas informativas en varios puntos de la capital siguió el pasado viernes una charla informativa, impartida en el salón de actos del Centro Cultural del Carmen por Héctor Illueca, inspector de trabajo y profesor de la Universidad de Valencia, con el título ‘Qué pasa con las pensiones’, que despertó bastante interés, hasta el punto que el local se llenó por completo.


El pasado lunes, día 10, organizaron una concentración, y posterior manifestación, secundada por algo más de un centenar de personas, desde la puerta del INSS, en Alfonso X El Sabio, que recorrió la plaza de Santo Domingo, calle Trapería y plaza del Cardenal Belluga, hasta la Glorieta. Las personas manifestantes portaban pancartas criticando el ‘pensionazo’.  Se contó también con una representación de la Asociación de Exmigrantes Jubilados de Callosa de Segura (Alicante).

Lectura del comunicado
Al finalizar el acto, Juan Gómez dio lectura a un comunicado en el que, entre otras cosas, se critica la inseguridad y zozobra sobre el futuro de las pensiones, pues “intentan reiteradamente, por todos los medios, hacernos creer en la inviabilidad del sistema público de pensiones (…) y estamos convencidos de que ello es un burda estrategia manipuladora orquestada desde el Gobierno y muy hábilmente dirigida desde los grandes grupos financieros y aseguradoras”.  



Por ello consideran que “es urgente y necesaria la movilización de todas las personas que se sientan agredidas por esta situación”, pues “creemos que tenemos el derecho y el deber de hacernos oír, por el peligro que corren nuestras pensiones y las de nuestros hijos”. A ello obedecen estas movilizaciones, pues “defendiendo nuestro sistema público de pensiones también defendemos nuestra dignidad”, concluye el comunicado, apoyado por Yayoflautas de Murcia, Asociación de Jubilados y Pensionistas-La Intersindical, Área de Mayores de IU-Verdes de la Región de Murcia, PSRM, Círculo de Mayores de Podemos Región de Murcia, Asociación de Jubilados y Pensionistas-USO, Yayoflautas de Lorca, Cambiemos Murcia, Ahora Murcia, Asociación de Exemigrantes Jubilados, y Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia.


viernes, 7 de octubre de 2016

El Ayuntamiento de Murcia homenajea a la Sociedad Religiosa de los Amigos (cuáqueros), que actuaron durante la Guerra Civil

Al acto, consistente en la colocación de una placa en el antiguo Hospital infantil de la calle Puerta Nueva, asistieron ediles de la oposición, miembros de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia,  y José Castaño y José Fuentes.

Diego Jiménez/Murcia.- Presidido por el alcalde de Murcia, José Ballesta, el pasado jueves, día 6, tuvo lugar el acto de descubrimiento de una placa conmemorativa en el antiguo Hospital de Niños/as de la calle Puerta Nueva (hoy, sede de dependencias administrativas municipales) para recordar su fundación durante la Guerra Civil por la Sociedad Religiosa de los Amigos (cuáqueros). Por la parte institucional, asistieron, además, la concejal socialista Begoña García Retegui, impulsora de la iniciativa hace diez meses, su compañero de grupo, José Ignacio Gras, el concejal de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, así como una persona contratada del grupo municipal de Ciudadanos. 

Las personas asistentes posan tras finalizar el acto

José Castaño y José Fuentes posan con representantes de los grupos municipales de oposición



Descubriendo la placa















  El emotivo acto contó también con la presencia de los veteranos y centenarios republicanos Juan José Fuentes y José Castaño, que fueron los encargados de descubrir la placa, así como una nutrida representación de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia (MHMU-Tenemos Memoria).


Quiénes fueron los cuáqueros

Francesca Wilson, de la asociación inglesa de los cuáqueros, es un ejemplo de la labor desarrollada por éstos en España en ambas zonas beligerantes. Entre 1936 y 1942, atendieron a unos 150.000 niños y niñas. Incluso siguieron unos años más en la España de Franco (en Murcia, hasta 1942). De las cartas e informes de la asociación se deduce que trabajaban más cómodamente en la zona republicana, aun no haciendo distinción alguna con los niños de una zona u otra.

Los cuáqueros tomaron dos ciudades como centro para su actuación: Barcelona y Murcia.  Francesca Wilson llegó a Murcia en febrero de 1937. Se encontró con una población de 60.000 habitantes entre los que se encontraban unos 20.000 refugiados, repartidos entre la ciudad y el resto de la provincia. Hubo de afrontar dificultades inmensas. En primer lugar, los refugiados desconfían de los extranjeros por creer que se van a llevar a sus niños fuera del país. Además, y ella lo expresa con claridad, Francesca encontró grandes diferencias de nivel político y cultural entre Barcelona, con una población de mentalidad civil republicana, y Murcia, en que no se daba esa situación. Es más, califica duramente a las muchachas y mujeres adultas de la burguesía y de la alta clase murciana al no encontrar colaboración ni ayuda de éstas para atender, cuidar, alimentar, curar… a esos niños/as “piojosos”, “rojos”, que llegan llenos de sarna, enfermedades, malnutridos… Por ello, Francesca se ve compelida a buscar ayuda fuera. En los años siguientes llegan más cuáqueras, que, al no encontrar mucha colaboración, hubieron de buscar personas capacitadas para la asistencia a esos niños. El apoyo lo encontraron, sobre todo, en el alcalde de Murcia, Fernando Piñuela.

Turno de intervenciones

Tras la apertura protocolaria del acto por parte del alcalde, tomó la palabra la concejala Begoña que recordó que, más que impulsora, fue el vehículo que hizo posible esta iniciativa. Hizo un reconocimiento a la labor solidaria de las personas que se desplazaron a Murcia durante la Guerra Civil, lamentando que no pudiera estar presente Elisa Smilg, que, junto con su hermana Clara, desarrolló un notable trabajo humanitario en las colonias infantiles. Recordó también la aportación de Juan José Fuentes y José Castaño, presentes en el acto. Terminó diciendo que hay muchos más edificios en el municipio que merecerían el mismo reconocimiento para completar la Memoria Histórica de la ciudad.

Por su parte, el alcalde Ballesta alabó la encomiable labor desarrollada en Murcia durante la Guerra Civil por esta asociación religiosa, con presencia en esta ciudad y en Barcelona, en donde atendieron a más de 150.000 niños y niñas. Tuvo también palabras de reconocimiento a la presencia de los dos veteranos republicanos presentes y a la labor desarrollada en Murcia en esas fechas por el último alcalde republicano de Murcia, Fernando Piñuela. (Como es sabido, detenido cuando regresaba de Elche a Murcia, fue internado en un campo de concentración y sometido a un Consejo de Guerra sumarísimo. Condenado a muerte el 1 de julio de 1939, fue ejecutado el 7 de noviembre de ese año).

La intervención más emotiva fue la del maestro José Castaño, próximo a cumplir la centena de años. Castaño, que, pese a su edad,  prefirió hacer su intervención de pie ante el micrófono, recordó los años de  su colaboración con las colonias infantiles, en compañía de personas como Clara Smilg y Encarnación Zorita,  primero en la Casa del Pino (casa de La Cierva),  y en otra segunda colonia en Buenavista, en La Paloma, con  Carmen Tapia, Clara Smilg y Pilar Barnés.  No se olvidó de citar al padre de Clara, chófer de los cuáqueros, razón por la que, después de la guerra, denunciado por unos vecinos, acabó en la cárcel.


Reivindicaciones de MHMU-Tenemos Memoria

El protocolo no previó que la Asociación de Memoria Histórica de Murcia (MHMU-Tenemos Memoria) pudiera tomar la palabra en el acto. No obstante, al final del mismo, la presidenta, María Jesús García, se dirigió al alcalde para hacerle entrega de un escrito reivindicativo. En el mismo, además de agradecer la iniciativa del grupo municipal socialista y a Begoña García su esfuerzo por llevarla a término, se recoge que, como adelantó esta concejala en su intervención, hay más edificios en Murcia merecedores de ser tenidos en cuenta como sitios de la Memoria. Uno de ellos es el edificio de los ‘Nueve Pisos’ que, a la llegada de Francesca Wilson, albergaba a 4.000 personas refugiadas, en unas duras condiciones de habitabilidad.
En el texto se recuerda que “identidad de los pueblos y también su prosperidad y desarrollo se forja a partir del conocimiento de la Historia y su reconocimiento y puesta en valor”, por lo que el Ayuntamiento de Murcia debe apoyar cualquier iniciativa en este sentido porque “forma parte del patrimonio de esta ciudad y de sus habitantes”.