martes, 18 de febrero de 2014

NUESTROS CUERPOS NOS PERTENECEN

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/02/18/cuerpos-pertenecen/536596.html

Ambos debates, la eutanasia y el aborto, en esta España en la que el peso de la Iglesia  católica es un lastre que arrastramos desde la primera Carta Magna de 1812, ponen  también de actualidad la necesidad de que, de una vez por todas, el Estado, cuyo artículO 13 de la Constitución lo define como aconfesional, asuma que existe una clara diferencia entre ética pública y moral privada.

"Quiero morir porque amo la vida". Con estas palabras se despidió de la vida, y de los suyos, José Luis Sagüer, madrileño de ascendencia vasco-navarra, tras hacerse unas fotos con la familia y tomarse una copa de vino. En entrevista que le realizó antes de su muerte Emilio Benito en El País, y que fue publicada el pasado día 9, José Luis declaró que empezó a sentirse mal a finales de 2012. Notaba que se ahogaba. Para descartar que fuera del corazón, hizo una prueba: fue a un asador de San Sebastián, lugar en que pasaba unos días de vacaciones de Navidad, y se tomó un buen chuletón con pimientos y regado con vino. «Si aquello no me sentaba mal es que no era del corazón», dijo. «Y aún me sentía bien, no como ahora, que con la morfina tengo la boca acartonada y no me sabe a nada». José Luis padecía un cáncer de pulmón en fase terminal. Este profesor de Filología alemana en la Universidad Complutense de Madrid logró cumplir su deseo con la ayuda de la asociación Derecho a morir dignamente (DMD). «No quiero que me ofusquen la morfina, ni [el obispo] Rouco Varela ni los cuidados paliativos», afirmó. Por eso, los médicos de DMD que certificaron su estado de angustia física y psicológica le aplicaron la sedación el pasado día 27 de enero. Falleció al día siguiente.
El caso de José Luis es uno más de los que, en los últimos años, ha reabierto el debate de la eutanasia activa (en España sigue siendo consentida, en general, la pasiva). En Europa, es legal sólo en los países del Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo (precisamente en Bélgica está estos días de actualidad el poder aplicarla a las personas menores de edad). En el resto del mundo, en algunos estados de EE UU y en Australia.
Este inconcluso y siempre complejo debate se superpone estos días a un tema que creíamos plenamente regulado y zanjado, el del aborto. En relación con este último, es claro que los sectores más retrógrados del PP, asumiendo las posiciones más recalcitrantes de la jerarquía católica, han empujado al Gobierno a la innecesaria reforma de una ley. Innecesaria en la medida en que sobre este tema el consenso social era la nota dominante, desde que se regulara este derecho en la Ley Orgánica 9/1985, con ampliación y mejora en la Ley Orgánica 2/2010. No había necesidad, pues, de este berenjenal en que se ha metido el PP (es notorio que muchos/as de sus militantes, diputados y cargos públicos dicen en privado lo que no se atreven a exponer abiertamente).
Ambos debates, en esta España en la que el peso de la Iglesia católica es un lastre que arrastramos desde la primera Carta Magna de 1812, ponen también de actualidad la necesidad de que, de una vez por todas, el Estado, cuyo artículo 13 de la Constitución lo define como aconfesional, asuma que existe una clara diferencia entre ética pública y moral privada.
Bajo la noción de ética pública se incluyen un conjunto de valores de un régimen democrático, cuyo contenido mínimo puede identificarse con los principios que emanan de nuestro ordenamiento constitucional, en sus artículos 1.1. (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político), 10.1 («la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás?»), así como en el capítulo de derechos fundamentales y libertades públicas del Título I.
Por el contrario, la moralidad privada expresa la concepción de la vida que cada cual alberga y la idea de la felicidad en cuanto aspiración última de cada cual. La moral privada, al contrario que la ética pública, consiste en una ética de máximos. Los valores de la moral privada que cada persona propugna o ejerce, pues, pueden ser aconsejados, pero nunca impuestos, pues ello lesionaría el derecho a la libertad personal, a la autodeterminación moral de cada individuo. Por ello, cuando el legislador se entromete en ámbitos que atañen a las normas morales de cada cual, el Estado comienza a deslizarse por ámbitos propios de países con graves carencias democráticas.
En nuestro país, pues, en los debates de la eutanasia y del aborto es claro percibir una indeseable intromisión del Estado, cuando su papel debiera reducirse a una legislación garantista que, como tal, en ningún caso puede constituirse en cortapisa para el ejercicio de derechos básicos. Y el de disponer de nuestro propio cuerpo es uno de ellos. Porque nuestros cuerpos nos pertenecen.

1 comentario:

finchu dijo...

Y es el mismo problema que tenemos con la educación, una ley duradera de educación tendría que salir de un gran consenso, y ya se encargará el Opus de que eso no ocurra.