martes, 29 de mayo de 2012

PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/05/29/privilegios-iglesia/406538.html

DIEGO JIMÉNEZ

Quizá una de las conquistas históricas más relevantes en el salto a la modernidad de finales del siglo XVIII fue la desaparición de los privilegios formales que detentaban los denominados, precisamente, estamentos privilegiados: nobleza y clero. Hoy, en pleno siglo XXI, la institución eclesiástica se resiste a perder algunos de esos privilegios.

Ya en el siglo XV, los Reyes Católicos exigieron del papado la concesión del ´regio patronato´, por el que la monarquía se reservó el privilegio de presentar una terna para la designación de obispos en las sedes episcopales vacantes. En el siglo XVIII, por otra parte, el Concordato de 1753 entre Fernando VI y el Papa Benedito XIV mantenía el predominio de la monarquía sobre el papado en ese mismo tema. Sin embargo, esa posición predominante de la monarquía borbónica respecto de las atribuciones reservadas secularmente a la Iglesia va a verse equilibrada con la firma del Concordato con la Santa Sede de 1851. En esta fecha, el entonces presidente del Consejo de Ministros español, Juan Bravo Murillo, de acuerdo con la reina Isabel II, trató de cumplir un viejo objetivo del Partido Moderado: el restablecimiento de las relaciones Iglesia-Estado (deterioradas durante la primera guerra carlista, 1833-1839) a través de la firma de un concordato. En el mismo, la Iglesia reconocía la legitimidad de Isabel II, cuestionada precisamente por los carlistas, y aceptaba la obra desamortizadora emprendida por los Gobiernos liberales durante ese periodo, que había afectado a gran parte de sus bienes inmuebles. Pero, a cambio, recibía del Estado dos compensaciones: la fiscalización de la enseñanza, que se concretó posteriormente en la Ley Moyano (1857), y la consolidación de la Ley de Donación de Culto y Clero, promulgada durante la década moderada (1844-1854), que se concretaba en una aportación del Estado a la Iglesia.

Tras el breve paréntesis de la Segunda República, en la que se intentó la consolidación de un Estado laico, esa subvención estatal a la Iglesia se mantuvo, por motivos obvios, en el Concordato de 1953, en la época álgida del nacionalcatolicismo franquista. Ese acuerdo, además de confirmar la confesionalidad del Estado y el más completo reconocimiento de la Iglesia católica en España, completó la restauración de los privilegios del clero, que habían sido eliminados en parte con las políticas liberales. La Iglesia, que tenía la potestad de seguir fiscalizando no sólo los contenidos educativos sino los de cualquier publicación escrita, estaba exenta, sin embargo, de toda censura en su literatura y sus grupos de Acción Católica podrían ejercer en el territorio español libremente. También se acordó el derecho de presentar los Obispos por parte del Jefe del Estado y la validez del matrimonio canónico.

El Concordato franquista fue sustituido, en plena época democrática, por los Acuerdos con la Santa Sede de enero de 1979, a escasos días de la promulgación de la Constitución de 1978, por lo que muchos analistas los tildan de ´preconstitucionales´. En ellos, además de ratificarse el contenido del artículo 27.3 de la Constitución, es decir, el derecho de las familias a que sus hijos reciban formación religiosa y moral en los centros educativos, se mantiene la subvención estatal de culto y clero. Además se mantiene otro privilegio que estos días está siendo cuestionado: la exención fiscal de la Iglesia en el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Y aunque es cierto que es de aplicación, así mismo, a otras confesiones no católicas, esta exención fiscal es hoy más llamativa que nunca, dada la penuria financiera de las corporaciones locales y la presión fiscal que, sin embargo, sí se ejerce sobre la ciudadanía.

La crisis económica ha reabierto el debate social sobre la necesidad de eliminar este tipo de privilegios. La Iglesia católica, institución afectada durante el siglo XIX por un anticlericalismo liberal que se cebó sobre sus propiedades inmuebles, ha de saber adaptarse a los tiempos que corren. Y no parece que el mantenimiento de los privilegios fiscales (además de que los recortes no le han afectado, pues el Estado sigue aportándole ingresos vía presupuestos) casen demasiado con la austeridad, pobreza y otros valores evangélicos que tan vehementemente defiende en ámbitos que, a veces, chocan con la libertad personal.

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