martes, 29 de mayo de 2012

PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/05/29/privilegios-iglesia/406538.html

DIEGO JIMÉNEZ

Quizá una de las conquistas históricas más relevantes en el salto a la modernidad de finales del siglo XVIII fue la desaparición de los privilegios formales que detentaban los denominados, precisamente, estamentos privilegiados: nobleza y clero. Hoy, en pleno siglo XXI, la institución eclesiástica se resiste a perder algunos de esos privilegios.

Ya en el siglo XV, los Reyes Católicos exigieron del papado la concesión del ´regio patronato´, por el que la monarquía se reservó el privilegio de presentar una terna para la designación de obispos en las sedes episcopales vacantes. En el siglo XVIII, por otra parte, el Concordato de 1753 entre Fernando VI y el Papa Benedito XIV mantenía el predominio de la monarquía sobre el papado en ese mismo tema. Sin embargo, esa posición predominante de la monarquía borbónica respecto de las atribuciones reservadas secularmente a la Iglesia va a verse equilibrada con la firma del Concordato con la Santa Sede de 1851. En esta fecha, el entonces presidente del Consejo de Ministros español, Juan Bravo Murillo, de acuerdo con la reina Isabel II, trató de cumplir un viejo objetivo del Partido Moderado: el restablecimiento de las relaciones Iglesia-Estado (deterioradas durante la primera guerra carlista, 1833-1839) a través de la firma de un concordato. En el mismo, la Iglesia reconocía la legitimidad de Isabel II, cuestionada precisamente por los carlistas, y aceptaba la obra desamortizadora emprendida por los Gobiernos liberales durante ese periodo, que había afectado a gran parte de sus bienes inmuebles. Pero, a cambio, recibía del Estado dos compensaciones: la fiscalización de la enseñanza, que se concretó posteriormente en la Ley Moyano (1857), y la consolidación de la Ley de Donación de Culto y Clero, promulgada durante la década moderada (1844-1854), que se concretaba en una aportación del Estado a la Iglesia.

Tras el breve paréntesis de la Segunda República, en la que se intentó la consolidación de un Estado laico, esa subvención estatal a la Iglesia se mantuvo, por motivos obvios, en el Concordato de 1953, en la época álgida del nacionalcatolicismo franquista. Ese acuerdo, además de confirmar la confesionalidad del Estado y el más completo reconocimiento de la Iglesia católica en España, completó la restauración de los privilegios del clero, que habían sido eliminados en parte con las políticas liberales. La Iglesia, que tenía la potestad de seguir fiscalizando no sólo los contenidos educativos sino los de cualquier publicación escrita, estaba exenta, sin embargo, de toda censura en su literatura y sus grupos de Acción Católica podrían ejercer en el territorio español libremente. También se acordó el derecho de presentar los Obispos por parte del Jefe del Estado y la validez del matrimonio canónico.

El Concordato franquista fue sustituido, en plena época democrática, por los Acuerdos con la Santa Sede de enero de 1979, a escasos días de la promulgación de la Constitución de 1978, por lo que muchos analistas los tildan de ´preconstitucionales´. En ellos, además de ratificarse el contenido del artículo 27.3 de la Constitución, es decir, el derecho de las familias a que sus hijos reciban formación religiosa y moral en los centros educativos, se mantiene la subvención estatal de culto y clero. Además se mantiene otro privilegio que estos días está siendo cuestionado: la exención fiscal de la Iglesia en el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Y aunque es cierto que es de aplicación, así mismo, a otras confesiones no católicas, esta exención fiscal es hoy más llamativa que nunca, dada la penuria financiera de las corporaciones locales y la presión fiscal que, sin embargo, sí se ejerce sobre la ciudadanía.

La crisis económica ha reabierto el debate social sobre la necesidad de eliminar este tipo de privilegios. La Iglesia católica, institución afectada durante el siglo XIX por un anticlericalismo liberal que se cebó sobre sus propiedades inmuebles, ha de saber adaptarse a los tiempos que corren. Y no parece que el mantenimiento de los privilegios fiscales (además de que los recortes no le han afectado, pues el Estado sigue aportándole ingresos vía presupuestos) casen demasiado con la austeridad, pobreza y otros valores evangélicos que tan vehementemente defiende en ámbitos que, a veces, chocan con la libertad personal.

martes, 22 de mayo de 2012

HUELGA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA

Acabo de llegar de la concentración ante las puertas de la Consejería de Educación de Murcia,  y de la manifestación espontánea hacia la plaza de Santo Domingo. Muy buen ambiente, y, como era de esperar, muchos interinos y muchas interinas presentes en la misma, así como bastantes jóvenes estudiantes. Es el preludio de lo que esta tarde ha de ser una magna manifestación en defensa de la Enseñanza pública, porque...

¡La Educación no se vende, se defiende!

martes, 15 de mayo de 2012

YO TAMBIÉN ESTOY INDIGNADO

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/05/15/indignado/403770.html


DIEGO JIMÉNEZ

Muchas de las personas que me siguen habitualmente en esta columna que, desde hace ya más de doce años, me viene ofreciendo LA OPINIÓN me han expresado en varias ocasiones mi frecuente acierto al abordar, con coherencia y vehemencia, pero con respeto, los asuntos de mis colaboraciones. Pero, miren por dónde, vista la gravedad de la situación en que está sumido nuestro país y nuestra Región, a veces me pide el cuerpo abandonar esa moderación a la hora de expresar la profunda indignación que me embarga.

Estoy indignado por muchas cosas. Una de ellas porque, después de más de 35 años en la enseñanza y de ver pasar por mis aulas a niños y jóvenes a los que he intentado no sólo instruir sino inculcar un espíritu crítico y una actitud de autonomía personal ante la vida, me repugna que muchas voces interesadas se hayan dedicado a denostar nuestro trabajo, presentando a los que nos dedicamos a este noble oficio como unos privilegiados. Ahora, a la vista de los brutales recortes a que someten a la Educación —que van a hacerla retroceder más de treinta años—, sabemos a qué obedecía esa campaña, orquestada y bien planificada.

El ínclito ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha venido realizando desde su toma de posesión una serie de declaraciones atentatorias contra  la dignidad de quienes nos dedicamos a esto de enseñar. Y su última bravata ha consistido nada menos que en calificar de mentirosos a quienes venimos denunciando el drástico recorte en los presupuestos de Educación. Pero el decreto, de ámbito estatal, está ahí para su consulta. Los recortes que, dicen, vienen impuestos por los ´mercados´ van a hacer inviable el mantenimiento de una enseñanza de calidad. Y, lo que es peor, nos van a llevar a quienes estamos al borde de una merecida jubilación a ansiar la llegada de ese momento. A muchos enseñantes nos están robando la ilusión. Y la satisfacción por el trabajo bien hecho.

Creo expresar el sentimiento generalizado de hastío de muchas compañeras y muchos compañeros. Hastío que nada tiene que ver con los sinsabores y las dificultades que, en ocasiones, se derivan del ejercicio de nuestra profesión. Nuestro hastío tiene hoy su origen en la constatación de que, pese a ciertas campañas de ´marketing´ dirigidas a devolvernos, dicen, la autoridad perdida en las aulas, lo que realmente se ha diseñado es todo un plan destinado a desprestigiar —para luego, desmantelar— una de las pocas cosas que funcionaban en nuestro país, la Enseñanza pública, como paso previo a su privatización. Por no ser demasiado exhaustivo, les expondré sólo unos ejemplos. No es de recibo que la reducción retribuida de dos horas de jornada laboral al profesorado mayor de 55 años haya desparecido. Como tampoco se sostiene que la tan cacareada aspiración a la consecución de una excelencia educativa venga acompañada de un incremento sustancial de nuestra jornada laboral y, lo que es peor, de las ratios, con aulas saturadas (hasta 36 alumnos y alumnas en la ESO y hasta 47 en los bachilleratos). Es insultante que no se vayan a cubrir las bajas por enfermedad hasta pasados los primeros catorce días. Tampoco es de recibo la subida brutal de las tasas universitarias...

¿Qué se persigue con tanto ensañamiento? Para mí está claro: el gradual desprestigio de la enseñanza pública, la de todas y todos, va a convertirla en marginal y asistencial. Lo que nuestro ínclito ministro no nos va a decir nunca es que el paso siguiente es la irrupción en la educación de toda suerte de empresas, ávidas de explotar y rentabilizar el negocio de una enseñanza privada y elitista. La pela es la pela. Y ya sabemos cómo se las gasta el capital.

Los cargos públicos están, como su nombre indica, para gobernar atendiendo a los intereses de la mayoría de la población. Pero los que hoy hemos de soportar sólo miran por los del capital. Un ejemplo: Bankia. El dinero con el que se pretende rescatar a esa entidad equivale al de los recortes educativos que se anuncian.
En este país, quien lleva a una empresa o entidad financiera a la quiebra se va de rositas, con una buena indemnización.

Los banquillos de los tribunales no suelen reservar lugares destacados para los sinvergüenzas que juegan con los puestos de trabajo o los ahorros de los demás. Por esto, yo también estoy indignado.

miércoles, 2 de mayo de 2012

UN MES PARA CAMBIAR EL MUNDO

Interesante ciclo de conferencias en el centro cultural "Las Balsas", en Molina de Segura


martes, 1 de mayo de 2012

EN MANOS DE ALEMANIA

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/05/01/manos-alemania/401272.html


DIEGO JIMÉNEZ 

España no está en recesión, sino en una severa depresión». Esta rotunda afirmación procede nada menos que del Nobel de Economía Paul Krugman, quien en un reciente artículo afirmaba: «España se encuentra en una depresión en toda regla, con una tasa de desempleo total del 23,6%, comparable a la de EE UU en el peor momento de la Gran Depresión, y con un paro juvenil de más del 50%. Esto no puede seguir así, y el hecho de haber caído en la cuenta de ello es lo que está incrementando cada vez más los costes de financiación españoles». Krugman sigue afirmando que no importa tanto el cómo ha llegado nuestro país a este punto sino el hecho de que las recetas que se están aplicando, lejos de mejorar la situación, van a agravarla. Porque, al inicio de la presente crisis, España tenía una deuda relativamente baja y superávit presupuestario. «También —enfatiza Krugman— tenía una enorme burbuja inmobiliaria, que fue posible en gran medida gracias a los grandes préstamos de los bancos alemanes a sus homólogos españoles. Cuando la burbuja estalló, la economía española fue abandonada a su suerte. Los problemas fiscales españoles son una consecuencia de su depresión, no su causa».

Alemania, la locomotora de la Unión Europea, el país que está ahora imponiendo severas recetas de ajuste estructural a toda Europa, tiene, pues, gran parte de culpa de nuestros males. Y no parece que puedan soplar vientos de cambio en virtud de un hipotético relevo en el Elíseo. François Hollande ha afirmado que, si llega a la presidencia de la República, no va a cuestionar en lo fundamental los cimientos del actual eje franco-alemán, lo que implica que poco van a variar las severas políticas de rigor presupuestario que se están aplicando.

Sobre la enorme responsabilidad de Alemania en el actual empantanamiento que se observa en relación con las salidas a la crisis, es también muy ilustrativa la opinión de Rafael Poch, corresponsal en Berlín del diario La Vanguardia. En entrevista reciente de Ángel Ferrero, miembro del comité de redacción de Sin Permiso, Rafael Poch nos recuerda que la competitividad de los productos alemanes se produjo a partir de la reducción gradual de las rentas salariales y de la generalización de la precariedad laboral, lo que multiplicó los beneficios empresariales y permitió la acumulación de una enorme bolsa de capital. Las empresas alemanas —y no los alemanes— invirtieron gran parte de esos beneficios en el exterior, capitalizando la estafa inmobiliaria de Estados Unidos, la destrucción del litoral español y buena parte de las fantasías irlandesas o griegas. A su juicio, desentenderse de eso y hacer ver que la situación es resultado del maniqueísmo entre países virtuosos y manirrotos, denota una gran desvergüenza, porque «el problema no es nacional». Al igual que Krugman, opina que la crisis fue desencadenada por el sector privado, especialmente por los bancos que financiaron la pirámide inmobiliaria que se desmoronó. Y aclara: «Que hoy el debate esté centrado en la crisis de la deuda pública, y no sobre el casino que la ocasionó, se debe, fundamentalmente, a que el poder financiero controla Gobiernos y medios de comunicación e impone la leyenda que más le conviene».

Añade, además, que Alemania rechaza los eurobonos porque su Gobierno es rehén de una leyenda populista, la que afirma que ese país es el mayor pagador de Europa. Su contribución a los rescates europeos es, efectivamente, la mayor en términos absolutos, pero sólo porque su economía y su población son las mayores. «La contribución alemana per cápita es la sexta entre diecisiete países», recalca Poch. Señala la cuota de responsabilidad de España y otros países en ese desaguisado en que la locomotora alemana ha introducido a la UE, cuando afirma: «Si la actitud alemana es obtusa ¿cómo calificar el disciplinado seguidismo masoquista de los Gobiernos de Francia, España y los demás, que ni siquiera defienden los intereses nacionales de una estrategia exportadora y consienten una política que incrementa su crisis? En España ni siquiera ha habido un mea culpa por el ladrillo. Ningún aeropuerto inútil o destrucción del litoral ha llevado a nadie a la cárcel».

Como ven, hay otros puntos de vista. Quedan en evidencia quienes nos han conducido a la grave situación en que estamos.