sábado, 9 de octubre de 2010

Izquierda Unida sale a la calle para denunciar el último caso de corrupción urbanística en Murcia






Cerca de un centenar de personas se concentra ante el Ayuntamiento de la capital para exigir responsabilidades penales y políticas a las personas implicadas en la denominada “Operación Umbra”

Diego Jiménez/Murcia.- Convocadas por Izquierda Unida de Murcia (IURM), un centenar de personas se concentró en la tarde del pasado viernes, día 8 de octubre, ante el Ayuntamiento de la capital, en la Glorieta, para denunciar el último caso de corrupción urbanística en la capital de la Región.

En el desarrollo de la concentración, que contó con la presencia de dirigentes, militantes y simpatizantes de IU (con el coordinador y diputado regional José Antonio Pujante y la concejala del Ayuntamiento murciano, Esther Herguedas, al frente), así como de personas de otros colectivos sociales como STERM-La Intersindical, Foro Social y Foro Ciudadano, se exhibían pancartas de denuncia con la leyenda “Fuera corrupción” (IU), y “Contra la corrupción, acción y movilización” (Juventudes Comunistas de la Región de Murcia), y se corearon consignas pidiendo, entre otras cosas, la dimisión del Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, como máximo responsable político del asunto.

Denuncia de IU

En un comunicado emitido por IU en el transcurso de acto, y que fue leído por Esther Herguedas, se advierte que “en el fondo de esta cuestión está el abuso de la figura del convenio urbanístico”, instrumento legal que, “potenciado políticamente por el equipo de gobierno municipal del PP, ha abierto la vía a una especulación sin precedentes que está en el origen de los delitos que ahora se investigan”. El comunicado añade que “se favorecen los intereses de especuladores y se perjudica a los del municipio y su ciudadanía”, por lo que se piden “responsabilidades políticas” en la medida en que “el modelo urbanístico del municipio es el del alcalde Cámara, cuyo brazo ejecutor es el concejal Berberena y los funcionarios imputados”.

En el mismo, además, se reclaman “instrumentos de participación ciudadana” y se exige, con fuerza, “no a la corrupción” con la cabeza muy alta, al haber sido desde el principio la única fuerza política (con los ex concejales José Manuel López Albaladejo y Concepción Hernández) que se opuso desde el principio al “urbanismo a la carta” que se inició con el Convenio de “Nueva Condomina” en el año 2001.

“Estamos aquí para demostrar que no todos somos iguales”, enfatizó el comunicado, que reclama un modelo económico basado en la “economía real” y no en la especulativa, un modelo “respetuoso con el territorio y con el medio amiente, porque ésta es la herencia que queremos que reciban nuestro hijos”.

Una trama bien urdida

El caso salió a la luz en días pasados, cuando unidades de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a instancias de la Fiscalía, procedieron a efectuar un registro en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, con el resultado de la detención inmediata de tres personas vinculadas a la trama denominada “Operación Umbra”, en concreto el director de la gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce, este último como supuesto intermediario en algunas de las operaciones inmobiliarias que se investigan, en relación con la construcción del complejo urbanístico “Nueva Condomina”, en la zona norte de la ciudad, lugar en que se ubica el estadio de fútbol en que juega el Real Murcia.

La operación ha salpicado, en los últimos días, al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Fernando Berberana, (*)  y al propio promotor del citado complejo urbanístico, el presidente del club de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, que preside la empresa Sport Management & Project SL, cuya sede social ha sido también registrada en Madrid.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha informado de que el caso está relacionado con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros. A los detenidos se le exigen fianzas -algunas de las cuales están siendo efectivas por algunos de ellos- por valor de varios miles de euros, para eludir la prisión, aunque, a la hora de redactar estas líneas, se teme que el ingeniero italiano Renato de Noce, en libertad provisional, pueda eludir, con su huída del país, la acción de la justicia.

(*) ÚLTIMA HORA: Según recoge la prensa esta mañana (9-10-10), el concejal Berberena, tras prestar declaración, ha salido en libertad sin fianza, aunque sigue imputado.

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