viernes, 31 de diciembre de 2010

DINERO PÚBLICO PARA FINANCIAR A LAS COFRADÍAS MURCIANAS

Con la intención, sin duda, de que no se apague la llama viva de un nacionalcatolicismo que nunca nos abandonó del todo.  (Información extraída de un correo del Foro Ciudadano de Murcia)

"Os envío este regalico por si no lo conocíais para que la publicitéis como os plazca. En plena crisis, el Gobierno regional concede esta subvención nominativa de 40.000 € por hacer esto que véis en el programa. No tiene desperdicio"
Os adjunto el enlace al anuncio en el Boletín Oficial BORM

http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=409862

Y el programa del evento:

La hermandad de La Caída de Murcia recoge el testigo de la Hermandad de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Sacramento, de la Pura y Limpia Concepción de la Santísima Virgen María, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista de Sevilla. Y así, los próximos días 22, 23 y 24 de Octubre se va a celebrar en Murcia el II Encuentro de Hermandades y Cofradías de Jesús Caído.

El objetivo de la organización es el de unas jornadas de encuentro religioso y cultural, donde en un ambiente de Oración, se profundice en el pasaje evangélico de La Caída.

PROGRAMA

DÍA 22, VIERNES

•19’30 Recepción de congresistas. Palacio Episcopal.

•20’15 Concierto a cargo de la CORAL DISCANTUS.

•21’00 Coctel de Bienvenida en el Palacio Episcopal.


DÍA 23, SÁBADO

Lugar: Iglesia de Jesús.

•8’30 Oración.

•9’00 Santa Misa,presidida por D. Silvestre del Amor, Vicario General de la Diócesis de Murcia.

•9’30 I Ponencia a cargo de Don Luis Emilio Pascual Molina, Vicario Episcopal de Caridad y Pastoral Universitaria.

•10’00 Debate.

•10’45 Coffee Breack.

•11’00 Visita guiada Cofradía de Jesús-Museo Salzillo, esta visita tendrá una duración aproximada de 1 hora.

•13’30 Tiempo libre.

Se facilitará un itinerario y guía a pie que lleven a los congresistas a las inmediaciones del lugar donde se desarrolla la Jornada de Tarde, dando un paseo por el centro histórico, a su paso, pueden ver y visitar alternativamente los siguientes lugares de interés:

•Iglesia de San Miguel.

•Iglesia de Las Anas.

•Casino de Murcia.

Almuerzo Libre en el centro de la Ciudad (se facilitará todo lo necesario para que tengan varios restaurantes de referencia).

Lugar: Iglesia de San Juan de Dios

•17’00 II Ponencia a cargo del Padre Jose Luís Parada Navas OFM.

•17’30 Debate.

•18’30 Visita a la Catedral de Murcia.

•19’00 Visita al Museo de la Archicofradía de la Sangre.

•20’00 Tiempo libre.

•21’00 Cena de Gala.

DÍA 24, DOMINGO

CLAUSURA DEL CONGRESO

Lugar: Iglesia de Jesús.

•10’00 Santa Misa Presidida por el Ilmo. y Rvdo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena.

•11’00 Conclusiones y Clausura del Congreso.

•11’30 Concierto Agrupación Musical Juvenil del Cabezo de Torres.

Además, en el año 2008 le "pagamos todos" de nuestros bolsillos los "arreglos" del centro social de la Cofradía marraja por 500.000 €, os adjunto los documentos:

Subvención Cofradía marrajos Cartagena
enero 2008 Proyecto Básico y Adecuación de locales para la Cofradía Marraja http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=331829

300.000,00 Euros

noviembre 2008 Parte de las obras de rehabilitación y equipamiento de uno de sus locales sito en el Callejón de Bretau en Cartagena, como centro sociocultural. Cofradía Marraja.

200.000,00  Euros

http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=355819

martes, 28 de diciembre de 2010

SE COLMÓ EL VASO

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2010/12/28/colmo-vaso/292543.html

laopinióndemurcia.es » Opinion


Desde mi picoesquina


"¿Acaso no se ejerce violencia sobre quien se ve abocado al fin de las prestaciones por desempleo sin poder alimentar a su familia o no puede seguir pagando los plazos del préstamo hipotecario?"



DIEGO JIMÉNEZ.  Uno de los argumentos más esgrimidos por quienes defienden la actual fórmula democrática es que la resolución de los conflictos ha de canalizarse por medios pacíficos, por lo que el recurso a otras expresiones, de inmediato, se considera violencia. Las actuales sociedades occidentales han aceptado ese discurso, frecuentemente alimentado por la instrumentalización mediática. Pero se ignora que históricamente muchos conflictos sociales, no pacíficos, han sido el motor de la Historia y han conformado la sociedad en la que vivimos hoy.

Viene a colación esta introducción por la tendencia creciente en la España de hoy, inmersa en una crisis económica, social y política de imprevisible salida, a criminalizar a determinados colectivos (sindicatos, controladores aéreos, empleados públicos…), sin duda para justificar las gravísimas medidas antisociales que se están aplicando. El mecanismo es siempre el mismo: se distorsiona la realidad, se presenta una imagen injusta y falseada de esos colectivos y se les hace aparecer como detentadores de privilegios, con la idea de alimentar el rechazo social generalizado por parte de la población. A continuación, si la respuesta social se aparta de los cánones políticamente establecidos como correctos, la acusación de que practican la violencia está servida.

Ésta ha sido justamente la situación que se ha vivido en los últimos días en la Región de Murcia. Las severísimas medidas de ajuste que el Gobierno autonómico aprobó en la Asamblea Regional en la sesión del pasado jueves, día 23, no podían sino provocar el rechazo general de los empleados y empleadas públicos, no sólo por el alcance que éstas tienen en las condiciones laborales de los mismos, sino por las evidentes repercusiones negativas que aquéllas van a ocasionar en las cada vez más debilitadas prestaciones sociales básicas, así como en la Sanidad y en la Educación. Por ello, acudí a la concentración del pasado miércoles en la plaza de San Bartolomé y, al día siguiente, a las puertas de la Asamblea Regional de Cartagena. Quería estar junto a mis compañeros y compañeras de la Enseñanza, y quería compartir mi malestar con el de los demás empleados públicos que secundaron las protestas. Vi mucha indignación, pero la violencia, en contra de lo que se haya podido pensar, a partir de lo publicado en esos días, no era la norma. Cuando se reúnen varios miles de personas, todo puede ocurrir. Pero concluir que el hecho de increpar a alguien, hacer estallar unos petardos o lanzar unos huevos sobre la fachada del edificio de la Asamblea Regional son manifestaciones de violencia —sin duda para extender la idea, sin afirmarlo rotundamente, de que ésa fue la actitud de la mayoría de las personas manifestantes—, además de constituir una injusta apreciación de lo que esos días aconteció en las calles de Murcia y Cartagena, oculta el hecho de la grave situación que viene soportando la mayoría de la población de esta Región.

En mi último artículo, Sin rumbo ni horizonte, esbocé algunos de los más graves problemas que nos aquejan. Se temía el estallido social. Y empieza a vislumbrarse. Pero ¿esas concentraciones fueron violentas? En caso afirmativo ¿acaso no se ejerce violencia sobre quien se ve abocado al fin de las prestaciones por desempleo sin poder alimentar a su familia? ¿No hay violencia cuando un mandato judicial deja sin vivienda a quien no puede seguir pagando al banco los plazos del préstamo hipotecario? ¿Entenderíamos que un joven, suficientemente preparado, perciba como violencia el hecho de que, como única opción de trabajo, se le ofrezcan contratos ´basura´? ¿Y qué decir del 40% que no puede siquiera acceder al mercado laboral? ¿No es violencia, en sí misma, la extrema pobreza que, cada día más, afecta a miles y miles de familia de esta Región? Y en relación con los empleados y empleadas de la Administración regional ¿no es violento el hecho de que una ley, aprobada a toda prisa, deje sin efecto el cumplimiento de anteriores compromisos contraídos con esos colectivos tras arduas y, a veces, duras negociaciones?

Las concentraciones de días pasados en las calles de la Región distan mucho de ser consideradas violentas; fueron, ni más ni menos, producto de unas actuaciones que podemos considerar la gota que colmó el vaso de la paciencia de un sector de la ciudadanía.

El verdadero estallido social, de no cambiar las cosas, está por llegar.

jueves, 23 de diciembre de 2010

Empleadas y empleados públicos de Murcia se rebelan contra las duras medidas de ajuste del presidente Valcárcel










Protagonizaron sendas concentraciones en Murcia y Cartagena, oponiéndose a la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, finalmente aprobada en la Asamblea Regional.


Diego Jiménez/Murcia.- El anuncio de que la Asamblea Regional de Murcia se proponía someter a votación, por el trámite de urgencia, la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas desató la alarma entre los sindicatos con presencia en la Función Pública de la Región de Murcia.

Conocida la intención del Gobierno Regional (que, en todo momento, justificó la medida por la prohibición de la ministra de Hacienda, Elena Salgado, de que la Comunidad Autónoma de Murcia lanzara una emisión de Deuda Pública, por importe de 500 millones para financiar el déficit) por los empleados y empleadas públicas de colegios, institutos y hospitales de la Región se pusieron en estado de alarma, ésta sí, social, en la mañana del pasado día 22 de diciembre.

La Ley, en su redacción actual, que, con una ligerísima modificación, fue aprobada en la sesión de la Asamblea Regional del pasado día 23, por 28 votos a favor, del Partido Popular, y 14 votos en contra, de PSOE e IU, es una auténtica ‘carga de profundidad’ en contra de largas conquistas laborales y sociales de los empleados y empleadas públicos de Murcia, amén de suponer la amenaza directa de eliminación de puestos de trabajo y de la calidad en la prestación de servicios esenciales básicos, como la Sanidad y la Educación.

Como aspectos más destacados que desataron el rechazo social, el texto consolida los siguientes ‘tijeretazos’: 1) La jornada semanal pasará de 35 horas a 37,5 y 40 para funcionarios con dedicación normal o especial; 2) se reducirá el coste de sustituciones por bajas laborales y no habrá oferta de empleo público; 3) se rebajan un 10% los complementos de las guardias y turnos del personal del Servicio Murciano de Salud; 4) los docentes no universitarios cobrarán 100 euros al mes por el 'efecto horario' en lugar de los anteriores 175; 5) suspensión coyuntural de las aportaciones al plan de pensiones y de 15 acuerdos con los sindicatos, y 6) se reduce en un 30% el número de liberados sindicales en la Administración regional, además de otras medidas tendentes a la reducción del gasto público, tales la disminución en un 80% de la asignación a la televisión autonómica 7RM, la supresión, en el plazo de dos años, del 70% de los entes autonómicos y la suspensión de gastos de imagen de la Región en el exterior, entre otras.

Pero fueron, precisamente, las seis primeras medidas citadas las que desataron el malestar y la indignación de los colectivos afectados, lo que llevó a las movilizaciones de protesta en Murcia y Cartagena de los pasados días 22 y 23.

Las protestas

Convocadas por prácticamente todos los sindicatos con implantación en la Función Pública regional, tales CCOO, UGT, STERM-Intersindical, ANPE, CSIF, y SATSE, varios miles de personas se concentraron inicialmente en la noche del pasado miércoles, día 22, a las puertas de la Cámara de Comercio de Murcia, en la plaza de San Bartolomé, para protestar por un acto en el que la emisora Radio Murcia-SER pretendía hacer entrega al presidente Valcárcel de una distinción por su trayectoria política. En contraposición, una de las pegatinas que circuló por esa concentración definía a Valcárcel, en tono jocoso, como “fascista del año”.

La indignación era palpable entre las personas concentradas, para protestar por un acto que finalmente fue suspendido por la emisora convocante. En un momento dado, las personas manifestantes que, insistentemente, coreaban eslóganes tales como “Valcárcel, cochino, trabaja de interino”, “Esto es un atraco”, “Valcárcel, dimisión”, y otros, en medio de sonidos incesantes de pitos y otros instrumentos de percusión, a modo de protesta, se dirigieron en manifestación espontánea por la Gran Vía –que hubo de ser cortada al tráfico por la policía local-, con el objeto de concentrarse a las puertas de la sede del PP, que se encontraba cerrada a cal y canto.

La manifestación, pues, se dirigió de nuevo a la plaza de San Bartolomé, mientras que parte de la misma enfiló de nuevo a la Gran Vía –que permanecía cortada-, para concentrarse ante la vivienda del presidente de la Comunidad Autónóma, Ramón Luís Valcárcel, ante la cual los manifestantes permanecieron un buen rato, con un notable cordón policial que protegía el edificio.

En un momento dado, algunas personas del grupo que permanecía concentrado ante la Cámara de Comercio increparon al secretario general de Presidencia, José Gabriel Ruiz - que tuvo que ser escoltado al salir del edificio cameral- por la polémica decisión tomada por el Ejecutivo regional en las últimas horas. Y aunque la prensa regional ha ido subiendo el tono, hablando últimamente de agresión, no sólo a él sino a otros miembros del PP que la acompañaban, entre ellos el senador por Murcia Pedro Manuel Hernández, lo cierto es que lo que pudimos ver en directo, y constatar a partir de fuentes próximas al hecho, no pasó de una increpación, lógica y normal en el ambiente de crispación e indignación que estas impopulares medidas legislativas han levantado.

Concentración ante la Asamblea Regional

Desde las ocho y media de la mañana del jueves, día 23, numerosos empleados públicos procedentes de varios puntos de la Región se fueron concentrando ante las puertas de la Asamblea Regional de Cartagena, convocados por los sindicatos arriba mencionados. Los diputados de la Cámara, conocedores de la protesta, habían sido madrugadores, para evitar que el motivo de la concentración (impedir su acceso al hemiciclo para aprobar la Ley de Medidas Extraordinarias) tuviera éxito.

Pude llegar algo más tarde, en torno a las 9:15 de la mañana, porque la entrada al Paseo de Alfonso XIII, lugar en que se ubica la Asamblea, estaba cortado al tráfico y el aparcamiento no era fácil en las proximidades de la misma. El cordón de manifestantes, cuyo acceso a la sede del Parlamento regional lo impedían unas vallas colocadas por la policía y un notable número de antidisturbios desplazado desde Murcia, se disponía en los frentes norte y sur de entrada a esa sede.

Pancartas de todos los sindicatos, silbatos y un notable número de personas (calculo que unas 5.000) daban colorido al lugar, si no fuera porque la tensión que se palpaba en el ambiente era todo lo contrario a una concentración festiva. Era difícil estar presente en todos los lugares en que sucedían acontecimientos. De todas formas, la percepción general de quienes allí estábamos dista mucho de considerar a la concentración como violenta, como pudiera desprenderse de la lectura de ciertos titulares de prensa. Sí hubo pequeños intentos de traspasar la barrera, alguna carga policial esporádica, con el resultado de un maestro contusionado, lanzamiento de petardos, cohetes, huevos sobre coches y la fachada del edificio… Nada anormal, sino producto de la crispación que flotaba en el ambiente.

Algunos alcaldes de la Región, que querían arropar a sus compañeros de partido, como el de La Unión y Lorca, junto con otros diputados, no pudieron, sin embargo, acceder a la Asamblea, al impedírselo un cordón de personas manifestantes.

El diputado de IU, José A. Pujante, intervino en el exterior de la sede parlamentaria, según me comunicaron fuentes de IU, para lograr hacer pasar al interior del hemiciclo a algunos representantes sindicales. Y, una vez dentro, como se ha dicho arriba, no sólo votó en contra de la Ley sino que, en el turno de intervenciones (única posibilidad que se dio ante el debate de esta ley, al no admitirse enmiendas al articulado), entre otras cosas, criticó duramente la manipulación que la televisión autonómica 7RM hace de éste y otros debates, pues sólo ha emitido en directo las palabras de Valcárcel, pero no las réplicas de la oposición, además de cuestionar la dureza de la intervención policial contra las personas concentradas, lo que ocasionó lesiones a alguna de ellas.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

HAY QUE ECHARSE A LA CALLE

 La proposición de ley  que se dispone a  aprobar mañana, "manu militari", el (des)gobierno regional en la Asamblea Regional es un descarado pulso a una sociedad que se muestra pasiva, anestesiada y sin aparente capacidad de respuesta. Por ello, todos y todas hemos de estar mañana, día 23 de diciembre, a las 9:00 horas, en las puertas de la Asamblea Regional de Cartagena,  para intentar frenar este latrocinio.


VALCÁRCEL HACE PAGAR SU DESPILFARRO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
La reforma radical de los servicios públicos, que defiende el PP, se pretende imponer, a traición, en la Asamblea Regional, el próximo 23 de diciembre.
La Proposición de Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, retrotrae los derechos laborales y sociales de la Comunidad Autónoma a los años 80.

Para el personal de Educación:

- Incrementan la jornada laboral semanal de 35 a 37,5 horas.
- Reducen el salario desde el 1 de enero de 2011 en 175 euros al mes (lo que acumula una pérdida de 350 euros al mes de pérdida en 2011).
- Reducen el salario del personal en baja médica, desde el primer día, un 25%.
- Eliminan el Plan de Acción Social.
- Se suspende la Oferta de Empleo Público.
- Los permisos y licencias se computan por días naturales y no por días hábiles.
- Dejan abierta la posibilidad de la “redistribución de personal”.

Para el personal de Administración Pública:

- Incrementan la jornada laboral semanal de 35 a 37,5 horas.
- Suspenden la retribución del acuerdo del 30% homologación salarial con el personal del SMS (15% del 2010 y el 15% del 2011). Nos vuelven a bajar el sueldo.
- Reducen el salario del personal en baja médica, desde el primer día, un 25%.
- Eliminan el Plan de Acción Social.
- Se suspende la Oferta de Empleo Público.
- Los permisos y licencias se computan por días naturales y no por días hábiles.
- Dejan abierta la posibilidad de la “redistribución de personal”, con movilidad geográfica y funcional continua y permanente, incluso fuera del destino propio.

Para el personal de Universidad:

- Se va a reducir la partida presupuestaria para las Universidades de Murcia y Cartagena, con las consecuencias que ello pueda suponer en la reducción de condiciones laborales y retributivas.
¡TENEMOS QUE IMPEDIRLO!
¡TENEMOS QUE PARAR EL ATAQUE!
Llamamos a ¡LA CONCENTRACIÓN EN LAS PUERTAS DE LA ASAMBLEA REGIONAL EL PRÓXIMO JUEVES 23,  a las 9:00 h. de la mañana !

miércoles, 15 de diciembre de 2010

NUESTRA CONSTITUCIÓN, IGNORADA Y DESCONOCIDA (*)

Cuando acaba de celebrarse el 32 aniversario de la ratificación en referéndum, por el pueblo español, de la Constitución de 1978, quiero iniciar mi artículo con esta lúcida reflexión contenida en un texto -que debiera ser hoy de obligada lectura- de la contraportada del libro Constituciones y períodos constituyentes en España: 1808-1936 (Editorial Siglo XXI, 1980), de Eliseo Aja y del fallecido Jordi Solé Tura, uno de los “padres” de la Constitución. La reflexión citada es la que sigue: “El actual periodo constituyente [el iniciado tras las elecciones del 15 de junio de 1977] no conducirá a la estabilidad democrática sino en la medida en que implique un cambio en las relaciones de fuerza sociales”.

Y, precisamente, lo que se detecta hoy, cuando se han cumplido más de treinta y cinco años del fin del aciago ciclo de la dictadura franquista, es que se ha producido un cambio, pero para empeorar esas relaciones de fuerza sociales que marcaron todo el ilusionante periodo que ha venido denominándose la “Transición española”. Aunque hay que advertir que nuestro país no es ajeno a una deriva social, económica y política que presenta evidentes concomitancias en todos los países del mundo desarrollado, es cierto que el periodo de la Transición política en España despertó unas expectativas que no se han visto colmadas. El enorme caudal de ilusión, precedido de una evidente movilización social y política que caracterizó a aquella etapa, se dio en España bajo la presión de los poderes fácticos del franquismo (oligarquía financiera, Iglesia y poder militar), por lo que la auténtica profundización democrática nunca llegó a consolidarse.

Hoy, a más de treinta años del final de aquel ciclo político y social del posfranquismo, no sólo la crisis económica que soportamos en el ámbito occidental sino también aquellas carencias de partida están en el origen del lacerante retroceso que experimentamos en los derechos sociales, económicos y políticos. La España de hoy, inserta en el mundo occidental, se encuentra aquejada de los mismos síntomas, agravados, que afectan a dicho ámbito. En efecto, junto a una evidente pérdida de la soberanía de los Estados –plegados a los intereses del gran capital financiero mundial-, es fácilmente detectable un debilitamiento del propio concepto de soberanía popular. Debilitamiento que tiene su concreción más palpable en el alejamiento de los sectores populares de los ámbitos de decisión social y política, situación que, claramente auspiciada por el Poder, ha venido produciéndose de forma gradual y lenta, pero inexorable, durante los últimos treinta años.

Por exponer sólo una pequeña muestra de los preceptos contenidos en nuestra Constitución de 1978, ésta garantiza el derecho a la participación política directa (artículo 23), pero se ha puesto en práctica solamente la democracia representativa; se reconoce el derecho de petición individual o colectiva (artículo 29), derecho que, a la vista está, no se viene aplicando; el artículo 35 estipula el derecho al trabajo, cuando las cifras del paro superan hoy el 20%; la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (artículo 37) están también en franco retroceso; el derecho a una vivienda digna (artículo 47) es, así mismo, una quimera inalcanzable; el artículo 39 reconoce la protección social, económica y jurídica de la familia y la de los derechos de los niños, cuando las cifras de la pobreza familiar e infantil se están incrementando notablemente…

Con ocasión de la celebración de cada aniversario de nuestro texto constitucional, a menudo suele reabrirse el debate sobre su necesaria revisión y actualización. Pero el problema de fondo es que nuestra Carta Magna no se está aplicando. Otro problema añadido es el notable desconocimiento de la misma por parte de la ciudadanía, sobre todo por los sectores juveniles. Hace unos días tuve la ocasión de participar en un acto sobre el aniversario de la Constitución organizado por un instituto de Murcia. Desde la mesa se pidió a los alumnos y alumnas asistentes, de 2º de Bachillerato, que levantaran la mano quienes conocieran el texto. Ni una mano se alzó. No puede haber profundización democrática en un país si los ciudadanos y ciudadanas están al margen no sólo de la participación política sino del conocimiento mínimo de los derechos y libertades que les amparan.

(*) La Opinión de Murcia. 14-XII-2010 // Diego Jiménez

domingo, 12 de diciembre de 2010

SE PIDE, EN MURCIA, LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC) DE LOS RESTOS ÁRABES DE SAN ESTEBAN








Las personas concentradas exigieron, además, la continuidad de las excavaciones, para la puesta en valor del yacimiento andalusí de los siglos XII y XIII, además de criticar la desidia de la Administración regional.

Diego Jiménez/Murcia.- Cerca de un centenar de personas se concentró, en la tarde del pasado día 9 de diciembre, junto a los restos del yacimiento andalusí de los siglos XII y XIII, descubierto el pasado año en Murcia  al realizarse las obras para la proyectada construcción de un aparcamiento en el jardín de San Esteban.

La acción de protesta se realizó justo el día en que se cumplía un año de la paralización de dichas obras por mandato judicial, tras las persistentes denuncias de la Plataforma en defensa de San Esteban y la perseverante actitud de ésta y de un notable grupo de ciudadanos y ciudadanas, tendentes a lograr la preservación y puesta en valor de dicho yacimiento.

Tomaron la palabra durante el acto de la concentración María García Berná, Tamara Peñaranda, portavoz de la Plataforma, y Antonio Galiano, que presentó, a continuación a Antonio Campillo, Decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia y miembro del Foro Ciudadano, que pasó a dar lectura al siguiente Manifiesto:

SAN ESTEBAN: OCHO SIGLOS Y UN AÑO

"Estamos hoy aquí, convocados por la Plataforma Ciudadana en Defensa del Patrimonio Arqueológico de San Esteban y por todas las asociaciones que nuevamente nos apoyan ejerciendo nuestra libertad de expresión y de manifestación. Porque, como ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática, exigimos ser oídos y tenidos en cuenta por nuestros representantes.

Hoy hace un año que miles de ciudadanos nos movilizamos, de diversas maneras, con nuestra presencia física o a través de diferentes redes sociales, preocupados por el tratamiento que las autoridades municipales y regionales querían dar a un hallazgo arqueológico de enorme importancia, por su carácter y por su extensión, un hallazgo que nos permitirá recuperar y poner en valor una parte muy significativa de nuestro pasado histórico, urbano, artístico y cultural.

OCHO SIGLOS

Ocho siglos y un año nos separan del Arrabal de la Arrixaca. Hace 8 siglos que tenemos conocimiento del Arrabal de la Arrixaca. Las primeras noticias de dicho arrabal datan de mediados del siglo XII, cuando al-Idrîsi nos lo describe como un arrabal “grande y bien poblado que cuenta con cerca propia”, un arrabal en el que vivian los murcianos del siglo XII, unas calles por las que paseó Alfonso X el Sabio.

El paso del tiempo ocultó sus calles, hasta que 800 años después las obras de construcción de un aparcamiento lo desenterraron de nuevo. Esta vez los ciudadanos teníamos la última palabra, y así lo demostramos el 9 de diciembre de 2009. Hoy, un año después de haber evitado su destrucción, seguimos exigiendo su conservación y puesta en valor.

Y UN AÑO

Un año después, el yacimiento aún no está salvado. Ha sido un año de retrasos y de falsas promesas, con la categoría de BIC como zona arqueológica aún sin declarar, con unas medidas de protección tardías, deficitarias e incorrectas, ya que los restos están soportando el peso de toneladas de grava. Un año sufriendo el maltrato y la desidia de los responsables que han abandonado a su suerte al yacimiento durante meses, en uno de los inviernos más lluviosos de los últimos 60 años.

Hace un año, los mismos responsables que a día de hoy se erigen como defensores del Patrimonio, calificaban a la Plataforma de “descerebrada y esquizofrénica”, e intentaban justificar la destrucción del Yacimiento ante la opinión pública.

La Plataforma advierte que la desidia actual y la elección de las gravas puede tener consecuencias igual de nefastas que las que se evitaron el día 9 de diciembre de 2009.

Tras haber realizado el recubrimiento de los restos de manera poco apropiada, consideramos que de nuevo se ha abandonado por completo el yacimiento arqueológico. Las plantas han vuelto a crecer, el geotextil se ha roto y levantado en diversos lugares de la excavación y el estancamiento de agua sigue afectando gravemente a los restos. Denunciamos por ello que no se están llevando a cabo las labores de revisión y mantenimiento que se especificaban en el proyecto de cubrición y que de nuevo la administración sigue desviando la atención y dando una visión de la realidad muy distorsionada.

Una clara prueba de este abandono y esta pasividad ante el complejo de San Esteban, es que hoy, un año después, prácticamente la totalidad de las reivindicaciones de la Plataforma Ciudadana siguen sin haber sido atendidas. Nuestra lucha sigue por tanto vigente, hoy más que nunca, porque creemos firmemente que desde la Administración continúan desoyendo las propuestas que consideramos adecuadas y que han sido asesoradas por un amplio conjunto de expertos. Los responsables del intento de destrucción del yacimiento siuen tratando de adueñarse del éxito de las medidas que la presión ciudadana les ha obligado a tomar.

Las reivindicaciones de esta Plataforma Ciudadana, en las que no cesaremos hasta su total cumplimiento, son las siguientes:

- La declaración inmediata del yacimiento como Bien de Interés Cultural (BIC) y como zona arqueológica, puesto que las condiciones administrativas para ello hace meses que se cumplieron.

- La recuperación de los Consejos Asesores de Patrimonio, para asegurar la participación ciudadana a la hora de tomar decisiones en esta materia. Algo a lo que el presidente de la comunidad Ramón Luis Valcárcel se comprometió en la reunión que mantuvo con la Plataforma el pasado enero. Una promesa que no ha cumplido y que por ello hemos de volver a recordarle y a reclamarle públicamente.

- El diseño de un Plan Director que, poniendo en común la opinión de arqueólogos, restauradores y arquitectos, organice las diferentes fases del trabajo que llevará a una adecuada musealización y puesta en valor.

- La dotación de un presupuesto especial para San Esteban, que en estos tiempos de incertidumbre económica no tiene por qué ser espectacular, pero que sí debe garantizar que el Yacimiento se mantenga vivo.

- La reanudación de la excavación arqueológica con sus legítimos directores, tal y como la comisión de expertos lo recomendó en su primera reunión el día 11 de enero de 2010.

- Que se asuman las responsabilidades políticas por los errores cometidos y se restaure así el crédito dañado de nuestras instituciones.

- La reversión de los terrenos a la Comunidad Autónoma para una gestión más ágil del Yacimiento, algo a lo que también se comprometió el presidente Valcárcel y que tampoco se ha cumplido. Pedimos, pues, que se cumplan ya las condiciones para dicha reversión.

En resumen, y para terminar, como ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática, exigimos ser oídos y tenidos en cuenta por nuestros representantes.

Exigimos que las Administraciónes públicas, municipal y regional, den los pasos necesarios para la conservación y musealización del Yacimiento de San Esteban. Para que la ciudad y la Región de Murcia puedan rescatar una parte muy importante de su pasado histórico y legarla en el mejor estado posible a las generaciones venideras".

Murcia, 9 de diciembre de 2010

PROTESTAN EN LA UNIÓN CONTRA EL PROYECTO DE LA MACROTERMINAL DE CONTENEDORES EN EL GORGUEL, EN LA COSTA CARTAGENERA









Las personas concentradas exigieron, además, la inmediata regeneración de la Bahía de Portmán.

Diego Jiménez/Murcia.- Unas 200 personas se concentraron durante dos horas, entre las 12 y las 14 horas del pasado domingo, día 12 de diciembre,  en la Plaza Joaquín Costa de La Unión, frente al antiguo mercado público, reivindicando la inmediata regeneración de la bahía de Portmán y la oposición a la construcción de la macroterminal de contenedores en El Gorguel.

Entre los asistentes, destacaban miembros de las asociaciones de vecinos de La Unión, Portmán y El Gorguel, así como miembros de Ecologistas en Acción y Anse. Igualmente, destacó la presencia de todos los concejales del Ayuntamiento, incluido el Alcalde, así como de las fuerzas políticas presentes en el municipio.

Al final de la concentración se dio lectura al siguiente comunicado de denuncia:

 Manifiesto contra el proyecto de construcción de un puerto de Contenedores en El Gorguel y la inmediata regeneración de la Bahía de Portmán.

"No, no, no y mil veces no a la construcción de una terminal de Contenedores en El Gorguel.
Sí, sí, sí y mil veces sí a la inmediata regeneración de la bonita Bahía de Portmán".

"Las asociaciones de vecinos de La Unión, Portman, El Gorguel la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, y colectivos vecinales, sociales y ambientales de la Región de Murcia quieren mostrar su oposición al impactante proyecto de instalación de una terminal de contenedores en el Gorguel, y una zona de actividades logísticas anexa, proyecto promovido por Adrián Ángel Viudes, Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

El macropuerto pone en serio peligro este tramo de costa. Una costa que cuenta con altísimos valores ambientales, así como culturales, geológicos y mineros. Tanto es así que el Gorguel cuenta con numerosas protecciones en el ámbito europeo. Además de poseer varios hábitats de interés especial, la zona está declarada LIC y ZEPA de la Sierra de la Fausilla, con la presencia del camachuelo trompetero y de aves rapaces protegidas como el búho real, el águila perdicera, el halcón peregrino y muchas más. Así como LIC del medio marino, con la presencia del coral anaranjado del Mediterráneo y de posidonia oceánica. También hay que recordar que esta zona es patrimonio ecológico minero. Además, un macropuerto en El Gorguel chocaría frontalmente con la regeneración de la Bahía de Portmán. Ambos proyectos son totalmente incompatibles. La regeneración de la bonita Bahía de Portmán está calificada de Actuación de Interés Regional, y es una deuda histórica con el pueblo de Portmán y con su bonita Bahía, pueblo que ve cómo después de veinte años y de muchas promesas incumplidas sigue sin ser solucionado. La sociedad murciana no olvida los retrasos y todas las promesas incumplidas a lo largo de todos estos años, por parte del gobierno estatal y regional, y no tolera que se antepongan a la regeneración de la bonita Bahía de Portmán nuevos proyectos mastodónticos e insostenibles, como es el de la terminal de contenedores en El Gorguel.

Instamos a las Administraciones públicas, tanto estatales como regionales, a que desechen este tipo de infraestructuras, que dañarían la frágil costa murciana y sus ricos valores.

Todos los colectivos vecinales de Cartagena y La Unión, todos los grupos ecologistas y todas las fuerzas políticas de La Unión, así como el propio municipio, dicen NO, NO y MIL VECES NO a la construcción del macropuerto de contenedores en El Gorguel.
Ahora, el Sr. Viudes pone como escudo el “Corredor Mediterráneo” para la construcción del macropuerto de contenedores en El Gorguel. Para ese ‘Corredor’, tenemos una idea sana y no destructiva, como es poner en marcha el Puerto de Punta Aguilones y la Isla de Escombreras. Que se descarguen y carguen los contenedores en ese puerto y, si faltara sitio, que se lo lleven al Polígono de Los Camachos, y todo solucionado, sin destruir costa y sin gastar tantos millones de euros, que no están los tiempos para gastar tanto dinero.

Nosotros, los colectivos vecinales de Cartagena y La Unión, creemos y queremos que la Región de Murcia y, en general, España, salga de la crisis, y que se cree empleo estable y no destructivo, como con las ideas del Señor Viudes. Y se puede conseguir ".

jueves, 2 de diciembre de 2010

El Foro Ciudadano de Murcia presentó, en acto público, su publicación “El otro estado de la Región. Informe 2010”





Con la colaboración de más de 60 especialistas, se aborda un análisis crítico de la situación política, económica, social y cultural regional.


Diego Jiménez/Murcia.- El salón de actos del “Palacio del Almudí” de Murcia, totalmente abarrotado de público, fue el escenario elegido por el Foro Ciudadano de la Región de Murcia para presentar, el pasado jueves día 1 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, el libro “El otro estado de la Región. Informe 2010”, editado por Diego Marín. 

La presentación de esta publicación, que supone una línea de continuidad con los informes de los pasados años 2003 y 2006,  corrió a cargo de Patricio Hernández, presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, a quienes acompañaban en la mesa Antonio Campillo, ex presidente de esta asociación, catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia (UMU) y Decano de esa Facultad, Manuel Tovar, profesor de Economía de la UMU, Alicia Poza, portavoz de STERM-La Intersindical e integrante, así mismo, del Foro Ciudadano y de la “Comisión 8 de Marzo”, y la también profesora universitaria Julia Martínez, de Ecologistas en Acción.

Patricio Hernández enmarcó el nacimiento de esta nueva publicación en un momento particularmente grave por el que atraviesa la Región, en régimen de monopolio de la derecha de la que afirmó que “no ha iniciado su ciclo de erosión”. La actual crisis económica, que la sufren los ciudadanos y ciudadanas con especial dureza, a su juicio “evidencia las certezas de la deriva incierta por la que ha venido conduciéndose la situación regional”, en un contexto en el que el Gobierno autonómico, que practica “un relato infantil de la vida pública”, achaca la responsabilidad de la actual crisis a otros. El libro, pues, en opinión de Patricio, puede contribuir a la “concienciación crítica sobre la realidad regional” y aspirar, pues, a conformar “otro tipo de sociedad”, pues, en su opinión, la actual es “muy dócil” ante el Poder, que tiene muchas aristas: el político, el financiero, el económico (bancos y promotores inmobiliarios), el de los medios de comunicación… Patricio denunció que, en este último ámbito, se asiste a una “libertad tutelada”.

Antonio Campillo comenzó agradeciendo el esfuerzo de las más de 60 personas que han colaborado en la confección del Informe, muchas de las cuales no han querido aparecer públicamente como autoras, lo que es indicio de las dificultades que éstas alegan por las posibles represalias en sus distintos ámbitos públicos y laborales. Campillo puso en evidencia, así mismo, las dificultades habidas en el acceso a fuentes de información, “síntoma de la Región en que vivimos”, dijo, afirmando, a la vez, que la Administración regional no hace públicos muchos datos necesarios, al tiempo que se resiste a hacer una “evaluación” de sus distintos proyectos y planes de actuación.

Campillo ofreció tres aspectos que caracterizan el diseño de la nueva publicación del Foro Ciudadano: el cronológico, en la medida en que el libo recoge aspectos del periodo 2006-2010, haciendo especial énfasis en la crisis económica mundial –crisis que afecta desigualmente a las distintas comunidades autónomas- y su repercusión en Murcia; el balance del Gobierno regional del PP en los últimos 15 años, y, como trasfondo, una valoración de lo que ha supuesto el periodo autonómico en Murcia en estos últimos 28 años, a partir de la publicación del Estatuto de Autonomía de la Región.

Al entrar en el análisis más concreto de la situación, Antonio Campillo afirmó que se ha producido el “colapso del modelo Valcárcel [presidente regional]” al tiempo que se atisba un retroceso socioeconómico que “nos retrotrae a los niveles de los años ’40”, cosa que, según dijo, “se pronosticó en los Informes anteriores”. Campillo puso sobre el tapete las denuncias de la derecha sobre el carácter apocalíptico de los análisis del Foro, para continuar afirmando, aludiendo al “mito de Casandra”, que "Troya ha caído”. Y, como datos concretos, aportó la cifra de la renta per cápita regional del año 1995 (un 82,6% de la media del Estado), confrontándola con las cifras de 2009, en que ésta ha caído a los niveles del 81’3 de la media estatal, por lo que afirmó que “estamos a la cola de España” en muchos indicadores, pero a la cabeza en el apoyo al partido gobernante, situación que calificó de “paradójica”. Afirmó que “Murcia es una Región de partido único”, el cual se ha incrustado en todas las esferas del poder, en un contexto de baja calidad democrática, por lo que, dijo, “con la publicación del Informe intentamos romper ese círculo vicioso”

Para finalizar,  recordó que, en un contexto de Estado fuertemente descentralizado, se ha transferido mucho a las comunidades autónomas, “pero no la responsabilidad” de la gestión, que siempre se hace descargar sobre las espaldas del Gobierno central, por lo que “los gobernantes murcianos no están obligados a rendir cuentas”, hecho que explica el largo periodo en que éstos se mantienen en el poder, en un marco de sistema político “clientelar”.

Con la intervención de los restantes miembros de la Mesa y un animado coloquio posterior en el que se incidió en la necesidad de aunar esfuerzos unitarios para cambiar el actual ciclo derechista que caracteriza a la sociedad y la actividad política en la Región, concluyó el acto.

martes, 30 de noviembre de 2010

Sin rumbo ni horizonte

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2010/11/30/rumbo-horizonte/286842.html


 
La situación es no sólo seria, sino muy grave. No hace falta ser una persona experta en Economía para concluir que el déficit público está ligado a un descenso de la recaudación fiscal.

DIEGO JIMÉNEZ

Cuando la crisis económica está castigando severísimamente a esta Región, hace unos días, la ministra de Economía, Elena Salgado, incluyó a Murcia, junto a Castilla-La Mancha, entre las comunidades imposibilitadas de emitir deuda pública —en nuestro caso, por un importe de quinientos millones de euros— para financiar el déficit de sus cuentas. La noticia coincide con los severos recortes en los presupuestos regionales en áreas como la Sanidad, Educación, Cultura, prestaciones sociales, inversiones… Nadie nos dice que atravesamos una crisis más seria de lo que se está dispuesto a admitir.

La situación es no sólo seria, sino muy grave. No hace falta ser una persona experta en Economía para concluir que el déficit público está ligado a un descenso de la recaudación fiscal. El déficit, en nuestra Región, tiene una causas claras: un 25% de la población está rozando los límites de la pobreza (que, en el ámbito infantil se acerca al 34%); el paro afecta al 24% de la población activa y al 40% de la juventud; 5.000 familias están afectadas de desahucio por impago de sus hipotecas, mientras que un 56% de ellas reconoce no poder tomarse ni siquiera una semana de vacaciones al año… Esto es sólo un resumen precipitado de la situación social, a la que podríamos sumar la nefasta gestión del Gobierno regional de nuestro patrimonio ambiental y cultural, las inversiones en obras faraónicas inviables, las fuertes sumas destinadas al mantenimiento de una televisión regional pública de dudosa utilidad y rentabilidad, la corrupción omnipresente, el inexistente control de la economía sumergida y del fraude fiscal… Ante tal estado de cosas, sólo la desconfianza de la ciudadanía hacia los políticos que nos (des)gobiernan, la apatía general y la instrumentalización que, desde el poder político y mediático, se está ejerciendo explicarían esta ´paz social´, esta inexistente respuesta ciudadana (con excepciones) ante tal estado de cosas.

Ya está bien de que el Gobierno regional se escude en el ´victimismo´ (los males vienen de Madrid) para justificar su permanente inacción, que ha conseguido que la Región de Murcia no levante cabeza. Porque, cuando se ha gobernado durante quince años ininterrumpidamente, es claro que gran parte de la responsabilidad es achacable a aquél, sin desdeñar la que cabe atribuir a la política de Estado. En esta Región tenemos un sistema de financiación autonómico, que, si exceptuamos el de las Comunidades históricas, es igual para el resto de autonomías, con la cesión de impuestos estatales, cuya gestión y recaudación pasa a las autonomías, y otros que han sido transferidos parcialmente a éstas (100% de la recaudación del Impuesto sobre la electricidad (aún no redactado),, el 58% del impuesto especial de fabricación, el 50% del IVA y el 50% del IRPF).

Si, pese al notable paquete de medidas impositivas puestas a disposición de las comunidades autónomas, la Región de Murcia presenta este déficit, nos es lícito pensar que ello se debe a una mala gestión de los dineros de todos. Las prioridades del Gobierno regional no han sido siempre coincidentes con las necesidades sociales reales. Es tiempo, pues, de exigir responsabilidades. La solución, desde luego, no está en gastar menos aplicando más recortes, totalmente antisociales, sino en recaudar más. Y el aumento de recaudación debiera darse a partir de un incremento de la actividad económica y del consumo, atajando el fraude fiscal, luchando contra la economía sumergida, impulsando nuevos yacimientos de empleo (por ejemplo, en el campo de los servicios sociales), apostando decididamente por la inversión en Educación (con la mejora de la formación profesional), la sociedad del conocimiento y la Cultura, incrementando las inversiones en I+D+i, etc. Pero las recomendaciones de las organizaciones sociales y políticas y los informes del CES, que vienen incidiendo en estos aspectos, caen en saco roto. Aquí, durante los últimos años, obnubilados por el fuerte crecimiento económico ligado al ´ciclo del ladrillo´, nadie se preocupó de preparar un nuevo modelo económico basado en la necesaria diversificación industrial, la potenciación de una agricultura competitiva, un turismo sostenible y de calidad y la superación de nuestro ancestral atraso en políticas educativas y culturales. Y así nos va.

Si seguimos por la ´senda´ actual, ésta nos conducirá inexorablemente a consolidar una Región sin rumbo y, lo que es peor, sin un horizonte nítido.

viernes, 26 de noviembre de 2010

CARTA DEL PRESIDENTE DE DE ATTAC-ESPAÑA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

En su misiva, Carlos Martínez lamenta que Zapatero solo escuche a los responsables de la crisis



Carta abierta al Presidente del Gobierno de España
Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno
Señor Presidente:

Me dirijo a usted en mi condición de Presidente de ATTAC España, una asociación que seguramente conocerá y que se preocupa por formar a la ciudadanía, por analizar la situación social y económica y por combatir pacífica y democráticamente el “terrorismo financiero” -en expresión de su compañero de Partido y presidente de la Junta de Andalucía, José Griñán- que, en nuestra opinión y como creemos que usted sabe mejor que nadie, viene extorsionando a los pueblos desde hace tiempo. Una asociación que pronosticó acertadamente hace ya diez años el desencadenamiento de la actual crisis y sus efectos y a la que, por cierto, pertenecen también militantes y simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español.
En esta ocasión me dirijo a usted en nombre de ATTAC España para manifestarle la desolación e indignación que produce el hecho de que, una vez más, para plantear y tratar de resolver los gravísimos problemas que tiene la economía española recurra usted solo a una parte de la sociedad española: en este caso a los grandes bancos y empresas que en tan gran medida han sido, precisamente, las que han provocado los problemas que padecemos.

Le manifiesto nuestra indignación porque creemos que usted, como Presidente del Gobierno de todos los españoles, debería tener presente la opinión y los deseos no solo de los grandes poderes empresariales y financieros sino también de los que vienen sufriendo las consecuencias de su avaricia y de su irresponsabilidad.

Y le manifiesto igualmente nuestra desolación al comprobar una vez más que recurre usted a quienes menos éxito han tenido a la hora de analizar el origen de la crisis y a quienes se han equivocado constantemente en sus pronósticos y proyecciones, sin que se haya usted dignado (o al menos, sin que ello haya trascendido públicamente) tomar nunca en cuenta la opinión de las personas y estudiosos que desde posiciones de izquierda están mostrándose con mucha más capacidad de descubrir y analizar la realidad de los hechos.

Lamento tener que decirle que de esa manera es usted mismo quien alimenta las posiciones ideológicas y políticas que lo vienen combatiendo con un ímpetu denodado y la mayoría de as veces incluso injusto y quien se incapacita para disponer de claves que permitieran abordar los problemas económicos de España desde otros puntos de vista. Y, al mismo tiempo, quien desarma a las clases trabajadoras pues éstas quedan confundidas cuando alguien en quien confiaron simplemente se limita a ejecutar lo que le piden los grandes poderes financieros.

Lejos de limitarnos a denunciar esa actitud tan poco efectiva y tan escorada a favor de estos últimos, deseamos contribuir a hacer explícitos otros puntos de vista que los grandes medios y las derechas se empecinan en ocultar y por lo que le animo a conocer las propuestas de otras organizaciones de la sociedad civil (ATTAC entre ellas) y los análisis que realizamos de la crisis que, una vez que han ido sucediendo los hechos, se han mostrado como mucho más acertados que los que vienen realizando desde posiciones neoliberales, y que le pueden ofrecer alternativas mucho más eficaces y menos onerosas para las clases trabajadoras y para la pequeña y mediana empresa de este país que es la que, como usted sabe, crea y mantiene a más del 90% del empleo.

En la confianza de que una organización como la nuestra, que cuenta con miles de afiliados en toda España, pueda tener la misma capacidad de ser oída que los grandes banqueros y empresarios, le saluda atentamente.

Carlos Martínez García
Presidente de ATTAC España

miércoles, 24 de noviembre de 2010

Una mesa redonda analiza en Murcia la trayectoria histórica y la situación jurídica del Sahara Occidental









El acto, organizado por la Asociación juvenil AEIOU, contó con la participación de Teresa Vicente, profesora de la UMU, y Francisco Matías, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.


Diego Jiménez/Murcia.- Con un Hemiciclo de la Facultad de Letras de Murcia, del Campus de la Merced, abarrotado de público, mayoritariamente juvenil, tuvo lugar, en la tarde del pasado lunes día 22 de noviembre, una charla explicativa sobre la trayectoria histórica y la actual situación jurídica de los territorios ocupados del Sahara Occidental. El acto, organizado por la Asociación de Estudiantes de Izquierdas por Otra Universidad (AEIOU), con el apoyo de la UJCE-Murcia, contó con la intervención de Teresa Vicente, profesora titular de Teoría del Derecho de la Universidad de Murcia, y de Francisco Matías, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.

Exposiciones de los ponentes

Abrió el turno de intervenciones Teresa Vicente, quien, en una primera exposición, comenzó aclarando que el marco jurídico de los Derechos Humanos es de carácter internacional, para, a continuación, esbozar los cuatro ejes en que se sitúa la actual problemática del Sahara, a saber: el derecho de autodeterminación del Pueblo Saharaui, amparado en la Carta de la ONU, diferentes Resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la descolonización, así como los dictados de la Asamblea General; el Manifiesto del Comité Internacional de los Derechos Humanos; la exigencia, por parte del propio Pueblo Saharaui, de las debidas garantías de derechos sociales, económicos y ecológicos, y, por último, el cambio derivado de la asunción, por la sociedad civil, de las reivindicaciones nacionalistas saharauis.

Por su parte, Francisco Matías centró su intervención en una exhaustiva reseña histórica, arrancando de la situación colonial del territorio derivada de la Conferencia de Berlín de 1885. España, en los primeros momentos, no mostró excesivo interés por el mismo, e incluso, afirmó el ponente, “el Sahara era un destino militar no deseado por nuestros soldados”. Citó el proceso de descolonización del continente africano, que se dio a partir de la década de los ’50 del pasado siglo, a instancias de las recomendaciones de la ONU, y cómo tanto España y Portugal hicieron “caso omiso” de dichas recomendaciones, sobre todo –en el caso español- a partir del descubrimiento en el territorio de importantes yacimientos de fosfatos.

Citó el nacimiento, en 1974, del Frente Polisario, impulsado por jóvenes universitarios, que inicia un fuerte movimiento por la independencia. En ese contexto, España conectó con Marruecos y Mauritania para estudiar la forma en que entregaría el Sahara, lo que condujo, con un Franco agonizante, a la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid (14-XI-1975), por los que se entrego el Sahara a Marruecos y Mauritania, y a la “Marcha Verde”, urdida por Henry Kissinger. La rápida ocupación marroquí del territorio condujo a la retirada gradual del mismo de las tropas españolas, hecho que se consolidó en febrero de 1976. Rápidamente, el Polisario declaró la guerra a Marruecos, un guerra desigual pero con la intención de desgastar a este último país. El conflicto bélico arrastró hacia el exilio argelino a un buena parte de la población saharaui, que fue bombardeada por Francia con napalm y fósforo blanco, mientras parte del territorio era minado.

Según Francisco Matías, esa guerra alcanzó “dimensiones épicas”, pues tan solo 11 ó 12 saharauis casi estuvieron a punto de conquistar Nouatchot, capital de Mauritania. En ese acto murió Luali Mustafa Sayed, fundador del Frente Polisario. Saharauis y mauritanos, sin embargo, tenían muchos puntos en común, desde el punto de vista étnico y cultural. Pronto, pues, Mauritania se retiró de la guerra, lo que dio motivos a Marruecos para ocupar la parte meridional del Sahara Occidental.

En 1991, por los Acuerdos de Houston (Texas), Marruecos acepta la celebración de un referéndum, pero condicionado a la elaboración de un censo, que contaría con la dificultad añadida de la identificación de los verdaderos saharauis. Pero ese referéndum, previsto para el 6 de febrero de 1998, no llegó a celebrarse. El conflicto, enquistado, vio una vía de salida con el “Plan Baker”, que encuentra aceptación por parte del Polisario, aunque Marruecos nunca estuvo dispuesto a ceder en la cuestión de su soberanía sobre el Sahara. A partir del fracaso de las propuestas de Baker, Marruecos ha venido contando con el apoyo diplomático de EE UU y Francia, por consideraciones estratégicas. Los últimos intentos de solución de este conflicto están, como se sabe, protagonizados por Cristopher Ross, mediador de la ONU, que tiene una difícil misión, en la medida en que ni Marruecos ni los saharauis van a renunciar a su respectivas apetencias de soberanía. La opción de la guerra, se abre paso a marchas forzadas.

Tras la intervención de Francisco Matías, tomó de nuevo la palabra Teresa Vicente, quien fue complementando los datos históricos expuestos por aquel con el marco jurídico internacional en que se inscriben esos hechos. Así, con respecto a la libre determinación, Teresa dijo que esta viene avalada por lo contenido en el Capítulo XI de la Carta de la ONU y a partir de la Resolución A/5514, de 1963, de la Asamblea General. Según la ONU, solo queda un país sin descolonizar, el Sahara. Ya la Resolución 1514, de 14 de diciembre de 1960, estipulaba la necesidad de dar pasos hacia la independencia de los países colonizados. Hoy, las sucesivas vulneraciones de Marruecos, reconocidas por la ONU, están planteando un problema, además, a la UE, consciente de las carencias democráticas y de respeto a los Derechos Humanos de la monarquía alauita.

El Comité de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por los obstáculos y falta de información por parte de Marruecos; la ONU expresa la misma preocupación, mientras que el Parlamento Europeo, en su Resolución 27-X-2005, exige a ese país que permita las libertades de expresión, asociación, manifestación, etc., al tiempo que le pide explicaciones sobre 500 personas saharauis desaparecidas, exigencia que también plantea Human Rights Watch.

Hoy, y pese a los esfuerzos de Cristopher Ross, seguimos asistiendo a una permanente negativa de Marruecos al establecimiento de un Comité de Vigilancia de la ONU. Y ello pese a los contactos habidos entre las dos partes enfrentadas en los pasados días 8 y 9 de este mes, y del previsto para el próximo año.

Como motivo de fondo para tan persistente negativa por Marruecos está la riqueza de los recursos naturales del territorio saharaui (pesca, fosfatos, petróleo, gas natural…), explotados por empresas extranjeras (básicamente, norteamericanas y francesas). En ese marco, el Consejo de Seguridad sigue considerando que se está incurriendo en una flagrante ilegalidad si no se atienden, de una vez, los intereses y deseos del Pueblo Saharaui.

Teresa Vicente, para concluir, afirmó que no se conoce el contenido de los “Acuerdos secretos” de Madrid, aunque sí el de los “Tripartitos”, enfatizando, además, que la UE hace “caso omiso” a las recomendaciones del Asesor Jurídico de la ONU, quizás porque tras tales reticencias se esconda la dificultad de, al mismo tiempo de exigir responsabilidades a Marruecos, garantizar los Acuerdos pesqueros con este país.

Tras estas brillantes, prolijas e interesantes exposiciones por parte de ambos ponentes, tuvo lugar, como suele ser habitual, un animado coloquio.

viernes, 19 de noviembre de 2010

Con la presencia del sindicalista francés Patrick Choupaut, quedó constituida en Murcia la Plataforma Ciudadana por los Derechos Sociales










El acto fue arropado por las principales fuerzas sociales y sindicales existentes en la Región.


Diego Jiménez/Murcia.- Un Salón de Grados de la Facultad de Derecho de Murcia abarrotado de público (con la presencia de un buen número de estudiantes universitarios que no quisieron perderse el acto) fue el marco elegido para la constitución, en esa ciudad, en la noche del pasado jueves, día 18 de noviembre, de la Plataforma Ciudadana por los Derechos Sociales, nacida a partir de la anterior Plataforma de apoyo a la huelga general del 29-S, constituida anteriormente, y que sigue estando integrada por la HOAC, la Alianza Regional Contra la Pobreza, Ecologistas en Acción, la Asamblea de Personas Paradas y Afectadas por la Crisis de Molina de Segura, el Foro Ciudadano y el Foro Social de Murcia.

El acto, que contó con la participación y apoyo de los sindicatos CC OO, UGT, STERM-La Intersindical y CGT, fue moderado por Patricio Hernández, presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, al que acompañaban en la mesa José Coy, de la Asamblea de Personas Paradas y afectadas por la crisis, de Molina de Segura, Paco Morote, del Foro Social, y Joaquín Sánchez, miembro de la HOAC y, así mismo, del Foro Social.

Tras la presentación de Patricio Hernández, abrió el turno de intervenciones Patrick Choupaut, miembro de la Comisión Internacional del sindicato francés Union Syndicale Solidaires, vinculado a ATTAC-Francia, quien empezó afirmando que Sarkozy gobierna en Francia en nombre de Medef, la principal patronal francesa, lo que explica las fuertes movilizaciones que se han registrado en el país galo. Choupaut aportó cifras de esas movilizaciones -que arrancaron con los más de 1,5 millones de franceses que las secundaron en la jornada de resistencia del pasado día 7 de septiembre- que han tenido su continuidad en las jornadas de los pasados días 12, 16, 19 y 28 de octubre, en la del 6 de noviembre y en la prevista para el próximo día 23 de este mes. Choupaut calificó de “inusual” y de “éxito creciente” estas movilizaciones, en la medida en que, a mediados de octubre, el número de personas movilizadas había pasado a ser de más de tres millones. Esa contestación social fue posible, a su juicio, por dos motivos: el “hartazgo” de la gente ante tantas agresiones antisociales y, además, por la unanimidad de la respuesta sindical, por la incompetencia del Gobierno francés.

Y aunque, como es lógico, esa unanimidad contó con algunas diferencias estratégicas en el ámbito sindical, Choupaut afirmó que su formación, Solidaires, apostaba por lo que denominó la “huelga reconducible”, es decir, decidida por las bases. Eso explica los éxitos de las protestas obreras en sectores claves como los transportes urbanos, ferroviarios, camioneros asalariados, refinerías de petróleo, puertos... Según Choupaut, la confluencia huelguística de los trabajadores y trabajadoras de las refinerías y los de los puertos casi condujo al país al colapso económico, hecho admitido incluso por el ministro de Finanzas francés.

Pese a ello, el Gobierno decidió no ceder, admitiendo, además, que la reforma en la edad de jubilación no es sino el precedente de otras reformas de más hondo calado, como la de la privatización gradual de todo el sistema sanitario, amén de otras que afectan a los derechos laborales. Ante ese panorama, Patrick Choupaut afirmó literalmente que “vamos a tener mucho trabajo los luchadores sociales” y, como dato positivo, expuso que “la gente ha comprobado que tiene su propia fuerza”

Las preguntas del público asistente, la intervención de los líderes sindicales (Daniel Bueno, por CCOO, Eva Nieto, por UGT, J. Pascual Rubio, por CGT y Alicia Poza, por La Intersindical) y un animado coloquio posterior pusieron fin a este acto.

martes, 16 de noviembre de 2010

LIBERTAD PARA EL SAHARA

Desde mi picoesquina

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2010/11/16/libertad-sahara/283582.html

"La postura de Trinidad Jiménez es patética. Mostrando una vergonzosa sumisión a París y Washington, postula una intervención de la ONU, tal vez necesaria. Pero también lo es la asunción por España de sus responsabilidades"

DIEGO JIMÉNEZ

Cuando, estimado lector y estimada lectora, repase estas líneas, se habrán cumplido ya los 35 años del vergonzoso Acuerdo de Madrid, de 14 de noviembre de 1975, con el que, con el dictador Franco agonizante, la diplomacia (por llamarla de algún modo) española se ´cubrió de gloria´ al hacer entrega a Marruecos y Mauritania de la antigua provincia española del Sahara Occidental. Días antes, el 6 de ese mismo mes, el monarca alauita Hassan II había tensado la cuerda al organizar la llamada ´Marcha Verde´, en la que, simultánea a la intervención militar marroquí en el territorio, 350.000 ´civiles´ marroquíes ocuparon el mismo, ante la pasividad forzada del Ejército español destacado en la zona. Los sucesos, cuando asistíamos a los últimos estertores del régimen franquista, se precipitaban. No hay que olvidar que, unos días antes, el 1 de noviembre, el rey Juan Carlos, entonces príncipe heredero, en calidad de jefe del Estado en funciones por la enfermedad de Franco, giró una visita a El Aaiún, comprometiéndose a defender los legítimos derechos del pueblo saharaui. Y que, un año después, al cumplirse el primer aniversario de la Marcha Verde, el 13 de noviembre de 1976, Felipe González, líder indiscutible del nuevo PSOE nacido del congreso de Suresnes, había visitado así mismo la zona para defender los legítimos derechos del pueblo saharaui «hasta la victoria total».

He recordado estos mínimos datos históricos para evidenciar el lacerante silencio que tanto el actual jefe del Estado español como el del Gobierno del PSOE vienen manteniendo sobre los graves sucesos que se suceden estos días en la antigua provincia española del Sahara. Hay que recordar que para la ONU (cuya Resolución 690/1991 estipula una Plan de Paz para la zona, detalla el calendario del plan de apoyo y crea la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental —referéndum que, previsto para enero de 1992, nunca ha llegado a celebrarse—), España sigue siendo considerada potencia administradora del territorio, por lo que su inhibición ante las graves violaciones de los derechos humanos que se están dando en El Aaiún y sus proximidades es no sólo políticamente reprochable sino indignante. Indignante en la medida en que tanto España como Francia —potencia que, es sabido, diseña sin disimulo desde el Elíseo la política exterior del sátrapa Mohamed VI— no están moviendo ni un solo dedo para exigir el respeto a los derechos humanos en el Sahara. El mismo Zapatero que, con ocasión de la pasada Cumbre de la ONU para la revisión de los siempre incumplidos Objetivos de Desarrollo del Milenio, se entrevistó en Nueva York con el rey de Marruecos, no abordó la problemática del Sahara con el monarca alauita, limitándose a afirmar que éste ya conocía la postura española.

Los acontecimientos que se están produciendo estos días en la antigua provincia española del Sahara Occidental son particularmente graves (muertes, saqueos, incendios, secuestros y desapariciones, prohibición de acceso a la zona de la prensa internacional…), pero, excepto a algunas personas de buena fe sensibilizadas por tanto horror, a nadie parecen importarle.

Particularmente patética es la postura de la nueva ministra de Exteriores del Gobierno español, Trinidad Jiménez, quien, desbordada por la situación y mostrando una vergonzosa sumisión a los dictados de París y Washington, postula como solución de urgencia una intervención de la ONU. Intervención que, seguramente, es necesaria. Pero también la asunción por nuestro país de sus responsabilidades, ante un pueblo, el saharaui, con el que tenemos algo más que vínculos históricos.

En la pasada concentración de apoyo al Sahara, celebrada en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia, me preocupó particularmente oír, de boca de ciudadanos saharauis residentes en la Región, la palabra ´guerra´. La indignación y desesperación de un pueblo largamente olvidado y vilipendiado parecen ofrecer esta única salida a la situación, si no se pone en marcha una solución pacífica y negociada al conflicto, siempre bajo los auspicios de las resoluciones de la ONU. De no ser así, habrá que justificar que los vientos de guerra vuelvan a barrer las cálidas arenas del Sahara.

Mientras tanto, algunas personas (no tantas como sería de desear) seguimos defendiendo la libertad para el Sahara.

martes, 9 de noviembre de 2010

Trescientas personas protestan en Murcia por la represión y los crímenes de Marruecos en los territorios ocupados del Sahara Occidental

Se denunció que este país, y su rey Mohamed VI, solo conocen el lenguaje de la violencia, el odio y la violación de los Derechos Humanos.


Diego Jiménez/Murcia.- Convocadas por el conjunto de Asociaciones Solidarias con el Sahara existentes en la Región de Murcia, cerca de trescientas personas (con la presencia de un buen número de ciudadanos y ciudadanas saharauis residentes en la Región) se concentraron, durante más de una hora, en la tarde del pasado día 8 de noviembre, en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia para denunciar la brusca irrupción del Ejército y unidades policiales marroquíes en el campamento Gdeim Izik, más conocido como el “Campamento de la Dignidad”, al este de la ciudad saharaui de El Aaiún, así como la actuación de esas fuerzas en la misma ciudad, con el resultado provisional, hasta ahora, según distintas fuentes, de no menos de trece personas muertas, centenares de heridos, e incendios y saqueos en la capital del Sahara Occidental.

En el transcurso de la concentración, se exhibieron banderas saharauis, carteles de denuncia e incluso una representación espontánea de la pasividad de la comunidad internacional ante esos graves sucesos.

En el acto tomaron la palabra, además de representantes de las asociaciones solidarias convocantes, ciudadanos y ciudadanas saharauis, que lograron levantar los ánimos para denunciar uno de los mayores atropellos a los derechos sociales y políticos de la población saharaui ocupada ocurridos en los últimos años, si exceptuamos el periodo dramático del enfrentamiento armado que mantuvieron el Frente Polisario y Marruecos desde la entrega vergonzosa, por parte de España, del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania, en los Acuerdos de Madrid de noviembre de 1975.

Durante todo el acto, se corearon insistentemente consignas tales como “Marruecos, culpable, España responsable”, “Zapatero, escucha, el Sahara está en lucha”, “Mohamed, capullo, el Sahara no es tuyo”, etc., y se exhibieron fotografías del monarca alauí al que se calificaba de asesino. Además, algunos saharauis residentes en Murcia dieron cuenta, pese a la dificultad de las comunicaciones con la excolonia española, de noticias que alertan de la dramática situación que se vive en la zona.

Lectura de comunicado

Al final del acto, tomó la palabra Jesús Molina, para dar lectura al comunicado conjunto de las asociaciones solidarias con el Sahara de la Región de Murcia, que, consternadas ante los acontecimientos que están sucediendo en El Aaiún, expresan su “más enérgica condena ante la actitud del régimen genocida marroquí, que, una vez más, muestra al mundo entero que solo conoce el lenguaje de la violencia, el odio y la violación de los derechos humanos”, denunciando además que “a pocas horas del inicio de las negociaciones auspiciadas por la ONU y días después de que observadores y periodistas españoles fueran agredidos e insultados por agentes marroquíes, y que parlamentarios/as autonómicos y del propio Parlamento Europeo fueran expulsados de forma ilegal y arbitraria del territorio” se produce “el ataque indiscriminado por parte de unidades militares y policiales contra miles de civiles saharauis que pacíficamente reclamaban sus derechos económicos y sociales”. Se denuncia, además, que “el Estado de Marruecos, con su actitud violenta y antidemocrática, vulnera normas tan básicas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, e incluso que Marruecos “ignora su propio texto constitucional”, pues su artículo 9 dice textualmente que “se garantiza a todos los ciudadanos la libertad de circular y establecerse en todas las partes del Reino, la libertad de opinión, la de expresión bajo todas sus formas y la de reunión, asociación y la de afiliarse a cualquier organización social y política”. El comunicado se pregunta: “¿Cuántas personas más tendrán que morir, cuánto horror más habrá que ver para que la Comunidad internacional se decida a proteger a la población civil saharaui?”. Tras constatar la pasividad del Gobierno español en la situación actual, el comunicado exhorta a la Unión Europea, y en especial al propio Gobierno español, a que “si les queda algo de dignidad, hagan un llamamiento al Rey de Marruecos para que ponga fin a esta locura de represión y violencia injustificada, desproporcionada y cruel”.

Concluye el texto con los alegatos de “¡Marruecos fuera del Sahara, ya!” y “¡Paz y libertad para el Pueblo Saharaui!”.