sábado, 29 de marzo de 2008

OBJECIÓN EN LA ESCUELA

(Artículo publicado en LA OPINIÓN de Murcia, 25-03-2008)


Desde que los filósofos de la Ilustración descubrieran el gran valor de la Educación como instrumento para romper las barreras que el Antiguo Régimen oponía al progreso, con sociedades ancladas en el inmovilismo, el atraso y el analfabetismo, una de las conquistas sociales de la época contemporánea ha sido la universalización de la Educación, cometido que la presión social determinó que recayera en el Estado, encargado de diseñar los contenidos educativos con el consenso social necesario, como mejor garantía de que llegara a toda la ciudadanía, sin exclusiones. Un pacto, pues, se ha venido dando entre el Estado y la sociedad destinada a recibir esa Educación. Los programas escolares son, con mayor o menor participación social, el resultado de ese pacto.

Las distintas materias del currículum están destinadas a inculcar en los escolares eso que llamamos formación, que no es más que el cúmulo de contenidos necesarios para que el alumnado encare la vida adulta con la preparación mínima que la sociedad espera que alcancen nuestros muchachos y muchachas. Las distintas leyes educativas españolas han venido incluyendo, además, entre las materias del currículum lo que ha venido denominándose Educación en valores, esto es, una serie de normas de común aceptación social que impregnan, transversalmente, todas las áreas de ese currículum.

En la Educación Secundaria española (ESO) ya venía impartiéndose, además, la asignatura de Ética. Pero, inmersa como está la Escuela en una crisis de identidad, que no es sino el reflejo de la crisis de valores que atraviesan las sociedades occidentales, en determinados ambientes venía echándose en falta una asignatura específica que reforzara una serie de principios éticos y democráticos entre nuestros escolares, a los que no son ajenos temas como el conocimiento de nuestro marco constitucional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación para la paz, la tolerancia, contra el racismo y la xenofobia… Ese cometido se encargó, pues, a una nueva materia, Educación para la Ciudadanía, asignatura que el gobierno actual ha determinado que se imparta en la Escuela, como complemento y refuerzo a esa Educación transversal en valores que todo educador está obligado moralmente a tener en cuenta en su práctica docente cotidiana. Y con ella llegó la polémica. Es cierto que se han impreso una diversidad de libros de texto que encaran los temas con mayor o menor acierto. La polémica ha estallado por algunos contenidos que ciertos sectores conservadores, entre ellos la Iglesia, estiman poco convenientes. Pero no menor motivo de descontento ha ocasionado lo que se considera injerencia estatal en el tema. El debate está abierto. ¿Puede el Estado suplir, con una materia específica, la falta de educación en determinados valores? ¿Es ése el cometido de la familia, en exclusiva? ¿Quién garantiza que en el seno de ésta se sedimentan esos valores? ¿Es lícita la objeción social a esta materia?

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha sentado un peligroso precedente. Al darle la razón a una familia que se ha declarado objetora a la nueva asignatura, nadie nos garantiza que mañana no corran igual suerte materias con un determinado calado ideológico, como la Historia de España, la Filosofía, la Biología, etc. En algunos centros de EE UU, como se sabe, por la fuerte presión de las iglesias conservadoras de aquel país, se ha puesto en cuestión la teoría evolucionista de Darwin, y los centros se ven obligados a retomar la teoría creacionista.

La válvula se ha abierto. Esperemos que el Tribunal Supremo invalide la sentencia. Porque, de seguirse por esta senda, la Educación estatal pública, universal, gratuita y, sobre todo, con contenidos democráticos puede, si queda al albur de los caprichos de cada familia, tener los días contados.

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