domingo, 9 de septiembre de 2007

EL GOBIERNO REGIONAL MURCIANO ACATA EL AUTO DEL TSJ QUE PARALIZA LA URBANIZACIÓN ‘LA ZERRICHERA’ (ÁGUILAS) DEL GRUPO HISPANIA.


Diego Jiménez. Murcia, 9-9-07

Los imputados por esta actuación urbanística empezarán a declarar a partir del próximo día 18 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia.


El Gobierno murciano no piensa recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ha paralizado cautelarmente la urbanización de la finca La Zerrichera de Águilas, donde tienen fuertes intereses el Grupo Inversor Hispania, de Trinitario Casanova, e Inverlur, filial de La Kutxa de San Sebastián.

Urbanización polémica
En virtud de una modificación del PGOU de Águilas, aprobado en su día por el Ayuntamiento de esa localidad, y por la que se encuentran procesados el actual alcalde, Juan Ramírez, y un concejal del PP (además de cinco altos cargos del Gobierno regional murciano), en la Zerrichera, un espacio protegido como LIC y ZEPA, pero en el que se permitió un espacio reducido para el cultivo de lechugas, se pretendía construir un total de 4.000 viviendas de tipo residencial, un hotel de lujo y un campo de gol sobre 250 hectáreas. La decisión de no recurrir estriba en que el TSJ ha basado su auto en las actuaciones que realizó el Gobierno regional para frenar el proyecto el año pasado, acuciado, tanto por las movilizaciones sociales, como por la denuncia de los grupos políticos Izquierda Unida de la Región de Murcia y PSRM-PSOE, y por la organización ecologista ANSE, que interpuso una demanda contencioso-administrativa contra la decisión del Ayuntamiento de reconvertir dicho espacio protegido en urbanizable sectorizado. A la vista de esta presión social y política, el actual Consejero de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio del Gobierno murciano, Benito Mercader, decidió en su día paralizar el proyecto y condicionarlo al plan de gestión de LIC y ZEPA, todavía en trámite.

No obstante, el auto dictado por el TSJ se basa en la decisión de febrero de 2005 de la Consejería de Obras Públicas, cuyo titular, Joaquín Bascuñana, daba luz verde a las modificaciones del PGOU de Águilas, aprobadas por el Pleno de esa Corporación municipal, como dijimos arriba.

En los ambientes sociales y políticos de la izquierda murciana, se tiene la convicción de que la actual mayoría que detenta el PP, tanto en la Asamblea Regional como en muchos ayuntamientos de la Región, pende como una amenaza sobre éste y otros espacios protegidos, de no mediar una fuerte contestación social, que, hoy por hoy, ante la pujanza que demuestran organizaciones como la coordinadora ‘La Región de Murcia no se Vende’, es la única esperanza para la pervivencia de estos espacios. Presión social y la inminente actuación de la Justicia que, aunque lentamente, ya ha tomado cartas en el asunto.

Declaración de imputados en el caso
Según recoge M. Buitrago (Diario La Verdad de Murcia), está previsto que a partir del día 18 de septiembre empiecen a prestar declaración ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia los imputados en el caso. La investigación judicial sigue su curso después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia rechazara en junio el recurso planteado por cinco altos cargos de la Administración Regional, el alcalde en funciones de Águilas y un ex concejal, que habían reclamado el archivo de la querella presentada por la Fiscalía del TSJ contra todos ellos.

La querella imputa los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho a Encarnación Muñoz, que fue directora general de Medio Natural; Antonio Alvarado Pérez, ex director general de Calidad Ambiental; Manuel Alfonso Guerrero Zamora, ex director general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo; José María Ródenas Cañada, ex subdirector general de Vivienda; Juan Ignacio Sánchez Gelabert, ex jefe de servicio de Calidad Ambiental; Juan Ramírez Soto, alcalde de Águilas, reelegido en las últimas elecciones locales; y José López Díaz, ex concejal del PP.

Sin embargo, ninguno de esos altos cargos de la Administración regional sigue en sus puestos, pues presentaron su dimisión de forma voluntaria. Tampoco los consejeros que tenían relación con el expediente, Marqués, anterior Consejero de Medio Ambiente, y Joaquín Bascuñana, que, sin embargo, ha pasado de Obras Públicas a Política Social, cambio que el presidente Valcárcel ha realizado para “salvarlo de la quema” de un proyecto especulativo-urbanístico que sigue oliendo mal.